Tras el crimen de un testigo ligado a una causa sensible en Comodoro Rivadavia, Ignacio Torres reclamó aplicar la Ley Antimafia y exigió condenas ejemplares para cortar con años de violencia e impunidad.
La seguidilla de hechos violentos que volvió a sacudir a Comodoro Rivadavia empujó al gobernador Ignacio Torres a endurecer el tono y pedir un cambio de escala en la respuesta judicial. Esta vez, el mandatario reclamó que integrantes de las familias Vera y Nieves sean perseguidos con la Ley Antimafia, una herramienta nacional que, según planteó, puede servir para atacar de manera integral a organizaciones delictivas que desde hace años condicionan la vida en la ciudad.
El planteo llegó después de un episodio que volvió a encender todas las alarmas. De acuerdo a diversos testimonios, una de las dos personas asesinadas en la madrugada de este miércoles iba a declarar como testigo en una causa vinculada al homicidio de un integrante de la familia Nieves, presuntamente cometido por Agustín Vera. Ese dato fue el que terminó de empujar el reclamo oficial por una intervención más dura y coordinada.
Torres fue terminante al cuestionar cualquier salida que implique demorar o enfriar las causas. “La solución no es suspender ningún juicio. La solución es que haya condenas ejemplares. Hoy tenemos la Ley Antimafia, que nos da una herramienta fundamental para avanzar contra estas organizaciones que vienen atemorizando a los comodorenses desde hace años”, sostuvo. Con esa frase, el gobernador buscó correr la discusión del plano de la coyuntura y llevarla a una respuesta estructural frente a bandas con historia, territorio y capacidad de intimidación.
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El foco sobre las familias Vera y Nieves no apareció de manera aislada. En los últimos meses, medios de la región y funcionarios provinciales ya habían vuelto a poner en primer plano la rivalidad entre ambos grupos, con episodios de balaceras, intentos de homicidio y allanamientos por armas y drogas. Semanas atrás se llevó a cabo un megaoperativo en Comodoro con 11 allanamientos y secuestro de armas, estupefacientes y vehículos, en investigaciones que tocaban de cerca a ese entramado delictivo.
La intención oficial ahora es que esa violencia no siga tratándose como una suma de expedientes fragmentados. La Ley 27.786, promulgada el 10 de marzo de 2025, fue diseñada justamente para perseguir organizaciones criminales como estructuras y no solo a sus autores materiales. La norma define a estas organizaciones como grupos de tres o más personas que actúan concertadamente para cometer delitos especialmente graves y habilita herramientas reforzadas de investigación y sanción.
Ese punto explica por qué el gobernador pone tanto énfasis en su aplicación. La ley prevé penas de 8 a 20 años de prisión para quienes formen parte o colaboren con este tipo de organizaciones, además de permitir investigaciones conjuntas, zonas sujetas a investigación especial y un abordaje más amplio sobre la red criminal. En la práctica, el Gobierno de Chubut busca que la Justicia deje de ir caso por caso y empiece a mirar el fenómeno como una trama organizada que produce violencia sostenida en un territorio concreto.
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Torres también adelantó una respuesta institucional más amplia. Anunció la conformación de una mesa de trabajo integrada por fuerzas de seguridad, fiscales y el Poder Judicial para coordinar la investigación y la sanción de estos hechos. “Vamos a ir a fondo para garantizar la seguridad de los comodorenses y terminar con la impunidad”, afirmó, en una señal de que el Ejecutivo quiere involucrarse de manera directa en el seguimiento del caso.
Detrás del reclamo hay, además, una discusión de fondo sobre el desgaste que producen años de violencia repetida sin una respuesta capaz de desarmar el problema. La propia lógica de estas bandas, con familiares, allegados, retaliaciones cruzadas y testigos bajo amenaza, vuelve especialmente difícil una persecución penal clásica. Por eso la apuesta oficial apunta a una ley que permita cortar la cadena desde la estructura y no solo desde el último eslabón que aprieta un gatillo.
El mensaje político también fue claro hacia la Justicia. Torres no pidió solo rapidez para esclarecer los homicidios recientes, sino una señal de fondo sobre el destino de quienes integran estas organizaciones. “La solución es que definitivamente tengan una condena ejemplar y que estén donde tienen que estar: en la cárcel”, remarcó. La frase resume el tono del Gobierno provincial frente a un escenario en el que la demanda social ya no pasa solo por investigar, sino por cortar una espiral de violencia que lleva años instalada en Comodoro Rivadavia.
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