Allanan oficinas y apuntan a funcionarios del BCRA por coimas en importaciones
Policiales22/04/2026
REDACCIÓNLa Justicia investiga pagos ilegales para acceder a dólares oficiales entre 2022 y 2023. Hay empresarios, cambistas y agentes públicos imputados.
Una serie de allanamientos simultáneos puso en marcha una investigación judicial que apunta a presuntos pagos ilegales vinculados al acceso al dólar oficial para importaciones. El operativo incluyó cerca de 30 procedimientos y marca un avance concreto sobre maniobras que habrían funcionado durante dos años dentro de un sistema clave de control comercial.
El expediente se centra en operaciones realizadas entre 2022 y 2023 a través del Sistema de Importaciones de la República Argentina (SIRA), un mecanismo que regulaba la autorización para comprar divisas en el mercado oficial. La hipótesis judicial sostiene que ese esquema habría sido utilizado para otorgar ventajas indebidas a determinados actores.
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La investigación está a cargo del fiscal federal Franco Picardi, bajo la órbita del juez Ariel Lijo, y permanece bajo secreto de sumario hasta el jueves. Esa condición limita la difusión de detalles, aunque ya se conocen medidas de prueba relevantes y el alcance de las imputaciones.
Se detectaron pagos de entre el 10% y el 15% para acceder a autorizaciones, según fuentes judiciales, lo que habría permitido a empresarios operar con un dólar oficial significativamente más bajo que el disponible en el mercado paralelo. Esa diferencia cambiaria generaba márgenes extraordinarios en cada operación.
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En ese contexto, los montos investigados superan los 3,5 millones de dólares y se vinculan a maniobras que buscaban incrementar artificialmente las ganancias en operaciones de importación. El sistema permitía canalizar esas solicitudes mediante autorizaciones administrativas controladas por organismos estatales.
Entre los imputados figuran cinco funcionarios del Banco Central que tenían funciones de supervisión sobre el SIRA, junto a operadores financieros y propietarios de casas de cambio. La causa avanza sobre una red que combina roles públicos y privados en la operatoria investigada.
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“El fiscal pidió informes urgentes a la Aduana, a la Secretaría de Comercio y al Banco Central”, indicaron fuentes del caso, al detallar el alcance de las medidas dispuestas para reconstruir las operaciones. También se solicitó el levantamiento del secreto fiscal, bancario y bursátil de unas 50 personas.
Los allanamientos incluyeron la recolección de documentación, dispositivos electrónicos y testimonios aportados por algunos de los involucrados. Ese material será clave para determinar la trazabilidad de los pagos y el vínculo entre los distintos actores señalados en la causa.
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El SIRA había sido implementado en octubre de 2022 como una herramienta para administrar la escasez de divisas, pero en la práctica funcionaba como filtro para habilitar o restringir importaciones. Su eliminación en diciembre de 2023 marcó el cierre de ese esquema, aunque ahora se revisa su funcionamiento en sede judicial.
La causa pone el foco en cómo se asignaban los permisos dentro de ese sistema y en qué medida existieron desvíos en la operatoria. La investigación busca establecer responsabilidades penales en un entramado que combina decisiones administrativas con beneficios económicos concretos.
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