Un testigo sumó otra deuda a la causa Adorni y agravó las dudas sobre el departamento

En la causa por presunto enriquecimiento ilícito, un testigo declaró que Manuel Adorni mantiene una deuda no documentada por US$65.000 por obras en su departamento de Caballito.

La investigación judicial sobre el patrimonio de Manuel Adorni incorporó este miércoles un dato que volvió a tensar la causa sobre la compra de su departamento en Caballito. Pablo Martín Feijoo, hijo de una de las jubiladas que participaron en la operación, declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete mantiene otra deuda por US$65.000 vinculada a las refacciones del inmueble. Según su testimonio, ese compromiso fue un “acuerdo de palabra” y no quedó asentado en documentación formal.

La novedad no quedó aislada dentro del expediente. El propio TN reportó que Feijoo sostuvo que el valor real de la operación no habría sido de US$230.000, como figura en la escritura, sino de US$295.000 si se suman los US$30.000entregados en mano, los US$200.000 hipotecados y los US$65.000 correspondientes a las obras. Ese punto es central porque agrega un nuevo interrogante sobre cómo se financió efectivamente la compra del inmueble de la calle Miró.

El testigo explicó además que él acordó con el exfutbolista Hugo Morales la compra inicial del departamento por US$200.000, pero dijo que la propiedad tenía problemas que exigieron una reforma integral. En esa línea, afirmó ante la fiscalía que esas obras demandaron US$65.000 y que ese dinero debía ser recuperado después, sin plazo de pago definido. La declaración empuja la pesquisa hacia una dimensión más delicada: ya no solo importa cuánto valía el inmueble, sino también qué parte de la operación quedó fuera de los papeles.

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La causa ya venía observando con atención la estructura de financiamiento del departamento. Distintos testimonios previos indicaron que Adorni compró esa propiedad con un adelanto de US$30.000 y una deuda de US$200.000 a un año, sin intereses, con dos mujeres que luego quedaron registradas como acreedoras. La escribana y otras declaraciones incorporadas al expediente ya habían llevado a la fiscalía a revisar la trazabilidad de esa compraventa por su carácter poco habitual.

En ese contexto, Feijoo no es un nombre lateral dentro de la causa. Diversas publicaciones sobre el expediente lo señalan como amigo de Adorni, como la persona que reservó inicialmente el departamento y como una figura relevante en la operación que terminó con el inmueble en manos del funcionario. Su citación había sido ordenada por Pollicitadentro de una batería de medidas de prueba para reconstruir el origen de los fondos y el recorrido de las operaciones inmobiliarias bajo análisis.

El punto que más pesa ahora es que la nueva deuda mencionada por el testigo no formaría parte de la escritura ni de la estructura financiera ya conocida del caso. Por eso, su declaración no solo añade una cifra, sino que modifica la lectura general sobre el beneficio patrimonial bajo examen. Si esa deuda existió en los términos que relató, la fiscalía deberá establecer de dónde salió ese dinero, por qué no fue instrumentado formalmente y cómo impacta sobre la valuación real de la propiedad.

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La operación del departamento de Caballito ya estaba bajo la lupa por otra razón: la diferencia entre el valor de compra previo, las obras y el precio final declarado. La dueña de la inmobiliaria que intervino en el caso declaró que, por sus características, el inmueble podía haberse vendido en torno a US$345.000, mientras otros reportes indicaron que incluso había sido ofrecido a valores más altos antes de cerrarse en US$230.000. Esa brecha es una de las razones por las que la Justicia busca reconstruir con precisión qué costos reales hubo antes de la adquisición por parte de Adorni.

La investigación tampoco se limita a esa propiedad. El expediente también mira una casa en el country Indio Cuá, registrada a nombre de Bettina Angeletti, esposa del funcionario, donde se realizaron mejoras y por las que ya fueron citados otros testigos. Según la cobertura judicial de este miércoles, el contratista Matías Tabar deberá declarar el 24 de abril y el exdueño Juan Ernesto Cosentino fue convocado para el 27 de abril, en una secuencia orientada a revisar el costo de esas refacciones y su relación con los ingresos declarados.

La causa está radicada en el juzgado de Ariel Lijo y es impulsada por el fiscal Gerardo Pollicita, que ya pidió levantar el secreto bancario y fiscal del funcionario y de su esposa para seguir la ruta de fondos, viajes y operaciones patrimoniales. El expediente busca determinar si esos movimientos resultan compatibles con el patrimonio declarado por Adorni o si existe un incremento patrimonial injustificado. En ese marco, la declaración de Feijoo aparece como uno de los testimonios más sensibles de las últimas semanas.

Por ahora, la declaración no implica una definición judicial sobre culpabilidad ni altera por sí sola la situación procesal del jefe de Gabinete. Pero sí agrega un dato que profundiza las dudas sobre cómo se armó la compra del departamento de Miró y qué parte del financiamiento quedó efectivamente registrada. En una causa que ya investigaba deudas inusuales, préstamos sin intereses y valuaciones controvertidas, la aparición de otros US$65.000 fuera de la documentación volvió a correr el eje hacia la transparencia del patrimonio oficial.