Síndico de una cooperativa eléctrica reclama $600 millones por una campaña de desprestigio
Actualidad03/08/2026
REDACCIÓNLa demanda por calumnias e injurias fue presentada en La Plata contra 19 personas y una asociación, luego de que el denunciante advirtiera sobre irregularidades contables.
El Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) determinó, a través de diversas resoluciones administrativas, que el desplazamiento de José Luis López de su cargo de síndico en la Cooperativa Eléctrica de Monte carecía de sustento legal. Esta intervención oficial permitió su restitución en las funciones de control dentro de la entidad.
En este contexto, López presentó una demanda de $600.000.000 por los delitos de calumnias e injurias. La presentación judicial quedó radicada en el Juzgado Correccional número 2 de La Plata, a cargo del juez Eduardo Eskenazi, bajo la causa N° 3136-26.
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La querella alcanza a 19 personas y a una asociación, además de incluir un reclamo de responsabilidad civil contra la Cooperativa Eléctrica de Monte Ltda. La demanda fue realizada con el patrocinio de los abogados Lautaro Slpizer, Gastón Mucci y Alejandro Naiouf.
Según sostiene el síndico, fue objeto de una campaña de desprestigio que afectó gravemente su honor, su trayectoria profesional y su salud. En la denuncia afirma que fue expuesto públicamente en reuniones institucionales y en publicaciones vinculadas a la cooperativa, donde se lo acusó falsamente de haber cometido distintos delitos.
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El conflicto, de acuerdo a la presentación, se originó después de que López comenzara a advertir y denunciar irregularidades administrativas y contables dentro de la institución. A partir de ese momento, afirma que se inició una persecución destinada a apartarlo del control de la cooperativa.
Durante la disputa, se promovieron dos denuncias penales en contra del síndico por presuntas amenazas y por acceso ilegal a datos personales. Ambas causas fueron posteriormente archivadas por la Justicia al no encontrar elementos que acreditaran la existencia de algún delito.
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Por estos hechos, López se constituyó como actor civil y reclama la millonaria indemnización por daño moral, daño psicológico, afectación a su honor y perjuicio profesional e institucional. El demandante sostiene que el daño trascendió el plano personal, impidiéndole ejercer normalmente sus funciones mientras se desarrollaba el conflicto.
La querella, que se extiende por 57 páginas, incorpora una gran cantidad de documentación respaldatoria para sostener la acusación. Entre las pruebas presentadas se encuentran las resoluciones del INAES, actuaciones administrativas y copias de las causas penales que fueron archivadas.
Además, el expediente incluye cartas documento, informes médicos y psiquiátricos que darían cuenta de los perjuicios sufridos por el denunciante. También se adjuntaron publicaciones periodísticas, actas del Consejo de Administración y otra prueba documental que ahora deberá ser analizada por la Justicia.
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