El regreso del menor acusado por el crimen de Kim desató miedo y vació una escuela

La vuelta al aula del adolescente señalado por el crimen de Kim Gómez provocó denuncias de padres, ausentismo y una fuerte reacción en una escuela de La Plata. La Justicia resolvió que continúe su escolaridad en forma virtual.

La reaparición escolar del menor acusado por el crimen de Kim Gómez volvió a sacudir a una comunidad que todavía no logra despegarse del impacto de aquel caso. Lo que debía formar parte de un proceso de reinserción terminó abriendo un foco de tensión dentro de una escuela de Abasto, con padres alarmados, estudiantes con miedo y autoridades obligadas a intervenir. La respuesta judicial llegó después de varios días de malestar y cambió el rumbo de la situación.

El adolescente, de 15 años, había regresado a la Escuela Secundaria N° 41 en el marco de su continuidad educativa. Sin embargo, su presencia dentro del establecimiento generó una reacción inmediata entre las familias, que empezaron a denunciar conductas que consideraron incompatibles con la convivencia escolar. A partir de ahí, el conflicto dejó de ser una inquietud aislada y pasó a alterar de lleno la rutina del colegio.

Entre los hechos denunciados, los padres señalaron que el joven habría mostrado videos vinculados con la muerte de Kim, una situación que profundizó el temor entre los compañeros. También afirmaron que habría ingresado droga a la institución, un dato especialmente sensible que terminó de agravar el cuadro. Aunque esos puntos quedaron expuestos a partir de los reclamos familiares, el solo relato de esos episodios bastó para encender una fuerte alarma en la comunidad educativa.

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El clima interno se volvió tan tenso que empezó a registrarse un ausentismo masivo de alumnos. Esa caída en la asistencia mostró hasta qué punto el regreso del adolescente había modificado la dinámica cotidiana de la escuela. Al mismo tiempo, comenzaron a circular reportes sobre amenazas y mensajes intimidatorios en redes sociales vinculados con el caso, lo que amplió todavía más la preocupación entre padres y estudiantes.

Uno de los testimonios que mejor resumió el clima fue el de un padre que expresó: “Los chicos tienen miedo. Nosotros los mandamos a estudiar tranquilos y nos encontramos con esta situación”. La frase condensó el malestar de las familias, que no solo cuestionaron la reincorporación presencial del menor, sino también la falta de certezas sobre cómo se iba a resguardar al resto de los alumnos. El caso terminó así desbordando el plano judicial y se instaló con fuerza en la vida cotidiana del colegio.

Frente a ese escenario, la Justicia resolvió que el adolescente continúe sus estudios bajo modalidad virtual. Con esa medida se evita su presencia física dentro del establecimiento y se busca descomprimir una situación que ya estaba afectando la convivencia escolar. Aun así, los padres advirtieron que todavía no habían recibido una notificación formal y sostuvieron la movilización convocada para este viernes.

La situación vuelve a poner el foco sobre una dificultad compleja: cómo compatibilizar un proceso de reinserción con el impacto emocional y social que deja un crimen de enorme conmoción pública. Al momento del asesinato de Kim Gómez, el menor tenía 14 años, por lo que quedó bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil. En mayo de 2025, la jueza María José Lescano lo declaró inimputable y dispuso que permaneciera alojado en un instituto de menores por dos años.

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Esa resolución fue cuestionada en su momento por la fiscal Carmen Ibarra, quien entendía que el encierro debía extenderse hasta que el acusado alcanzara la mayoría de edad. Según su planteo, el adolescente representaba un peligro tanto para sí mismo como para terceros y había tenido una participación activa en el robo que derivó en la muerte de la niña. Esa discusión vuelve a cobrar actualidad ahora que el menor reapareció en el centro del debate público por su reinserción escolar.

La querella sí consiguió llevar a juicio al otro involucrado en el caso, Tobías Godoy, que tenía 17 años al momento del crimen. En marzo de este año fue condenado a 23 años y cuatro meses de prisión, y los jueces remarcaron en el fallo su falta de arrepentimiento y el desprecio mostrado por la vida de la menor. En ese contexto, la nueva crisis en la escuela de Abasto vuelve a conectar a la comunidad con una causa que sigue abierta en la memoria colectiva y que todavía genera miedo, enojo y una fuerte demanda de respuestas claras.