Casación ordenó ejecutar los bienes de Cristina Kirchner por la causa Vialidad

La Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirmó el decomiso en la causa Vialidad y dispuso avanzar con la ejecución de bienes de Cristina Fernández de Kirchner, sus hijos y otros condenados para cubrir un monto superior a los $684.000 millones.

La causa Vialidad sumó un nuevo capítulo de fuerte impacto judicial y político. La Cámara Federal de Casación Penal confirmó por mayoría la ejecución del decomiso dispuesto en el expediente y ordenó avanzar sobre los bienes de Cristina Fernández de Kirchner, Lázaro Báez y otros condenados, con el objetivo de cubrir el monto fijado por la sentencia. La decisión también alcanzó bienes transferidos por vía hereditaria a Máximo Kirchner y Florencia Kirchner, en un fallo que refuerza la idea de que los activos de origen ilícito no pueden quedar al margen del recupero estatal.

La resolución fue firmada por los jueces Gustavo Hornos, Diego Barroetaveña y Mariano Borinsky, aunque este último votó en disidencia parcial respecto del alcance del decomiso sobre bienes heredados. La mayoría ratificó lo resuelto por el Tribunal Oral Federal 2, que ya había dispuesto el remate de propiedades y otros activos para hacer efectivo el recupero patrimonial derivado de la maniobra de corrupción investigada en la obra pública santacruceña.

El monto que busca recuperar la Justicia asciende a $684.990.350.139,86, una cifra actualizada que convierte este tramo del expediente en uno de los más sensibles del proceso. La medida alcanza inmuebles, vehículos, dinero en cuentas y cajas de seguridad, además de empresas consideradas piezas centrales del esquema investigado, entre ellas Austral Construcciones y otras firmas vinculadas a Lázaro Báez.

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En uno de los fundamentos más duros del fallo, Hornos sostuvo que “el decomiso no puede quedar en una declaración abstracta, sino que debe traducirse en la recuperación real y efectiva de los activos provenientes del delito”. En la misma línea, remarcó que “carecería de sentido que el Estado imponga una condena penal y permita, al mismo tiempo, que el delito continúe produciendo efectos económicos”. Esa mirada fue la que terminó imponiéndose en la mayoría del tribunal.

La decisión también dejó una definición clave sobre los bienes heredados por los hijos de la ex presidenta. Para la mayoría, el decomiso puede alcanzar activos que hoy estén en manos de terceros no condenados cuando esos bienes hayan sido recibidos a título gratuito y tengan origen en la maniobra delictiva. Bajo ese criterio, el tribunal rechazó el planteo de Máximo y Florencia Kirchner, que buscaban conservar 19 bienes, entre ellos departamentos, casas y terrenos en Santa Cruz.

El juez Borinsky, en cambio, consideró que debía hacerse un análisis más estricto y propuso excluir del decomiso aquellos bienes que no tuvieran una vinculación directa suficientemente acreditada con el delito. Sin embargo, su postura quedó en minoría y la mayoría consolidó el criterio de avanzar con una ejecución amplia del patrimonio considerado ilícito.

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Entre los activos alcanzados aparecen 141 inmuebles, 46 vehículos, más de US$4,6 millones en una caja de seguridad a nombre de Florencia Kirchner, casi US$1 millón en una caja de ahorro y sumas en pesos detectadas en distintas cuentas. También figura el departamento de San José 1111, donde la ex mandataria cumple prisión domiciliaria.

La definición de Casación llegó después de que las defensas de Cristina Kirchner, Lázaro Báez, Nelson Periotti, Raúl Pavesi y los representantes legales de Máximo y Florencia Kirchner apelaran la ejecución del decomiso. Todos cuestionaban que se avanzara con subastas y sostenían que muchos de esos bienes no habían sido incorporados al patrimonio durante el período de los hechos juzgados. Esos argumentos ya habían sido rechazados por el TOF 2 y ahora volvieron a caer en la revisión superior.

La resolución refuerza además la presión sobre los condenados, luego de que los fiscales Diego Luciani y Sergio Molaadvirtieran que no se había depositado “ni un solo peso” para cubrir el decomiso fijado por la sentencia. Para el Ministerio Público, esa resistencia no solo desafía el cumplimiento del fallo, sino que también exhibe una falta total de arrepentimiento frente a una condena firme.

Con este fallo, la causa Vialidad entra en una etapa decisiva en términos patrimoniales. La condena penal ya estaba firme, pero ahora la Justicia dio un paso más: convertir la sanción en un recupero concreto de bienes y fondos para el Estado. En términos políticos y judiciales, la señal es contundente: la ejecución del decomiso ya no queda como una amenaza abstracta, sino como una decisión efectiva que empieza a correr sobre el patrimonio de los condenados.