
La familia de un alumno tendrá que pagar $3 millones por una falsa amenaza de bomba
Policiales24/04/2026
REDACCIÓNLa sanción alcanzó a la familia de un alumno tras un operativo policial que obligó a evacuar el establecimiento en Mar del Plata.

Una amenaza de bomba que terminó siendo falsa derivó en una sanción económica millonaria para la familia de un estudiante en Mar del Plata, en un contexto donde este tipo de episodios se repiten en escuelas. El hecho generó un operativo de seguridad que obligó a evacuar el edificio y activar protocolos de emergencia. La intervención judicial avanzó rápidamente hasta identificar al responsable.
El episodio ocurrió en la Escuela Secundaria N° 18 “Astor Piazzolla”, ubicada en el barrio Don Bosco, donde un llamado anónimo alertó sobre la presencia de un artefacto explosivo. A partir de esa comunicación, se desplegó un procedimiento completo de evacuación que incluyó a alumnos, docentes y personal directivo. El operativo concluyó sin hallar ningún elemento peligroso.


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La investigación quedó a cargo de la fiscal Florencia Salas, quien logró rastrear el origen de la llamada y avanzar con medidas para identificar al autor. A partir de esos datos, se determinó la responsabilidad de un alumno del establecimiento. La causa se encuadró dentro de un proceso de intimidación pública.
Como consecuencia, se resolvió que la familia deberá afrontar una multa de $3.000.000, equivalente al costo total del operativo desplegado por las fuerzas de seguridad. Además, se dispuso la pérdida de un beneficio social que el grupo familiar tenía asignado. La sanción busca trasladar el impacto económico de este tipo de intervenciones.
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Desde la institución educativa, la directora Verónica Castro explicó el enfoque adoptado frente al caso y señaló: “Este equipo de conducción tomó como decisión no dejar pasar esta situación como una broma simple de un estudiante, sino abordarlo con la complejidad que tiene en un contexto social ya complejo”. La postura apunta a dimensionar la gravedad del hecho.
La directora también indicó que el procedimiento se activó de inmediato tras recibir la advertencia, aunque aclaró: “la amenaza no ingresó al establecimiento sino que fue realizada directamente al 911”, lo que no impidió la evacuación total del edificio. La respuesta siguió los protocolos vigentes para este tipo de situaciones.
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En paralelo, detalló que el proceso de identificación de los responsables puede resolverse con rapidez y sostuvo que “se hace en un plazo menor a 5 horas”, lo que refuerza la capacidad de respuesta de las autoridades. Este dato aparece como un factor disuasivo frente a nuevas amenazas.
Tras el episodio, la escuela implementó medidas internas para reforzar la seguridad, entre ellas el ingreso sin mochilas ni teléfonos celulares, permitiendo únicamente materiales básicos en bolsas transparentes. Estas disposiciones buscan reducir riesgos y mejorar el control dentro del establecimiento. La decisión impacta en la dinámica diaria de los estudiantes.
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El caso se suma a otros hechos recientes en la ciudad vinculados a amenazas en instituciones educativas, lo que motivó la difusión de protocolos específicos por parte del gobierno bonaerense. Las autoridades buscan estandarizar respuestas ante situaciones similares. La repetición de estos episodios genera preocupación en la comunidad educativa.
La combinación de sanciones económicas, intervención judicial y cambios en las normas internas refleja un intento de contener un fenómeno que obliga a movilizar recursos y altera el funcionamiento escolar. La respuesta institucional apunta a evitar que estas situaciones se repitan en el corto plazo.
















