El Pentágono oculta el costo real de sus ataques en la región evitando las auditorías

Un reporte de la Universidad de Brown revela que el gasto militar en el Caribe y Venezuela supera los 4.700 millones de dólares, aunque la cifra final es un misterio. El Congreso no logra acceder a los detalles de un presupuesto "opaco".

La maquinaria de guerra estadounidense en América Latina funciona bajo un estricto blindaje informativo que ni siquiera los legisladores en Washington han logrado perforar. Según el informe 'Costos de la Guerra' divulgado este 24 de abril, la administración de Donald Trump ejecutó maniobras financieras por al menos 4.700 millones de dólares en operaciones sobre el Caribe y el Pacífico. Sin embargo, las investigadoras Hanna Homestead y Jennifer Kavanagh advierten que este número es apenas una "estimación conservadora" debido a la sistemática negativa del Pentágono a transparentar sus registros contables.

El grueso de esta erogación multimillonaria se destinó al sostenimiento del Grupo Anfibio Iwo Jima, un despliegue naval que no tiene precedentes en la zona desde el bloqueo a Cuba en 1962. Mantener buques como el USS San Antonio y el crucero USS Lake Erie en aguas regionales demanda unos 9 millones de dólares diarios. Estos costos operativos, financiados con una partida presupuestaria que nunca superó una auditoría federal, se ejecutan mientras los contribuyentes locales enfrentan crecientes dificultades para cubrir necesidades básicas.

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La incursión del pasado 3 de enero para capturar a Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores, denominada Operación Resolución Absoluta, sumó gastos por 206 millones de dólares en un solo día. Previo a este movimiento, comandos de operaciones especiales permanecieron desplegados durante meses en misiones de reconocimiento que costaron otros 15,9 millones. A pesar de la magnitud de la ofensiva, los detalles técnicos y los costos a largo plazo, como las pensiones para veteranos, permanecen bajo clasificación de seguridad.

La cúpula militar justificó esta expansión de fuerzas bajo la designación de los carteles del narcotráfico como organizaciones terroristas, un paraguas legal que permitió estirar los límites del Comando Sur. No obstante, las investigadoras subrayan que gran parte del dinero se evapora en operaciones de la CIA que no rinden cuentas a ninguna oficina pública. Esta falta de control institucional permite que el presupuesto del Pentágono, que ya roza el billón de dólares, se maneje sin el consentimiento explícito del Congreso.

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En lo que respecta al armamento, se estima que los 47 bombardeos registrados contra embarcaciones en el mar consumieron entre 12,6 y 50,4 millones de dólares solo en municiones. Expertos legales cuestionan la legitimidad de estos ataques, calificándolos como ejecuciones extrajudiciales, lo que añade un riesgo estratégico y diplomático al gasto financiero. Cada misil disparado contra las llamadas 'narcolanchas' representa un desembolso que podría ser significativamente mayor según la plataforma aérea utilizada.

El factor humano también impacta en la cuenta final, aunque el Pentágono intente soslayar estas cifras en sus balances de daños. La ofensiva contra Maduro dejó un saldo de al menos 75 muertos, mientras que los operativos navales en el Caribe se cobraron la vida de 163 personas. Incluso se registró la baja de un militar estadounidense en febrero de 2026 tras una colisión entre dos buques, un incidente que pone en duda la eficiencia operativa de un despliegue tan costoso.

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A pesar de que parte de los recursos han sido redirigidos recientemente hacia el conflicto en Irán, la presencia de tropas y aeronaves en Puerto Rico y zonas aledañas parece estar garantizada a largo plazo. Documentos internos sugieren que Washington planea sostener esta presión económica y militar hasta el año 2028. El objetivo subyacente sería asegurar que el gobierno encargado en Venezuela, liderado por Delcy Rodríguez, no se desvíe de los intereses norteamericanos.

La opacidad del financiamiento militar genera una tensión creciente entre el Ejecutivo y los organismos de control civil. Las autoras del reporte enfatizan que es imposible determinar el costo total sin acceso a la información clasificada sobre la ofensiva en Caracas. Mientras el gobierno de Trump amaga con nuevas misiones en Cuba o Ecuador, el vacío de supervisión federal permite que se sigan comprometiendo fondos públicos en misiones de legalidad discutible.

Fuente: F24