Santa Cruz: juez bloquea cambios en la ley de glaciares dejando en suspenso actividades extractivas

La decisión judicial impide aplicar la reforma en Santa Cruz y resguarda zonas sensibles mientras se analiza su constitucionalidad en el fuero federal.

Una resolución judicial alteró de inmediato el escenario ambiental en Santa Cruz al impedir que la reforma de la Ley de Glaciares tenga efectos en la provincia. La medida impacta directamente sobre cualquier intento de habilitar actividades en áreas protegidas, en un contexto donde distintos sectores advertían sobre posibles cambios en el uso del territorio. El freno se aplica de forma inmediata y obliga al Estado Nacional a modificar su accionar en la región.

El fallo fue firmado por el juez federal Claudio Vázquez, con asiento en Río Gallegos, quien ordenó que el Estado se abstenga de aplicar o autorizar actos administrativos vinculados a la reforma. La disposición surge a partir de una presentación judicial que cuestiona el alcance de los cambios normativos. La decisión se enmarca en una instancia preliminar que busca evitar efectos antes de un pronunciamiento definitivo.

OTRAS NOTICIAS:

Malvinas quedan en el centro de una tensión global que sacude alianzas históricas

La acción judicial fue impulsada por autoridades de El Calafate, junto a dirigentes provinciales y nacionales, quienes sostuvieron que la modificación legal implica una reducción en los niveles de protección ambiental. El planteo apunta a que la nueva normativa habilitaría intervenciones en zonas que hasta ahora permanecían resguardadas. Esa interpretación fue considerada suficiente para avanzar con una medida cautelar.

En el expediente, identificado como “Honorable Concejo Deliberante de El Calafate y otros c/ Estado Nacional”, se sostiene que la reforma introduce cambios sobre competencias que corresponden al Congreso. El tribunal evaluó que existe un grado de verosimilitud en ese planteo, lo que justifica una intervención urgente. Ese criterio permitió activar el freno judicial sin esperar el desarrollo completo del proceso.

OTRAS NOTICIAS:

Rechazan el planteo de una empresa que pretendía cobrar una calle en Madryn

Uno de los ejes del fallo radica en el riesgo asociado a la posible habilitación de actividades extractivas en zonas de alta fragilidad ambiental. El magistrado consideró que la demora en una decisión final podría afectar de manera irreversible recursos estratégicos. En ese sentido, el análisis prioriza el resguardo preventivo frente a posibles daños.

“La tutela judicial efectiva en materia ambiental exige privilegiar la prevención del daño por sobre su reparación ulterior, especialmente cuando se encuentran comprometidos ecosistemas sensibles y recursos esenciales como el agua”, sostuvo Vázquez en los fundamentos de la resolución. Esa definición fija el criterio central con el que el tribunal abordó el caso. La protección del agua aparece como un elemento determinante en la evaluación.

OTRAS NOTICIAS:

Irán vuelve a volar al exterior y deja atrás dos meses sin conexiones internacionales

El fallo también incorpora una dimensión económica vinculada al modelo de desarrollo de la provincia. En localidades como El Calafate y El Chaltén, la actividad turística depende directamente de la conservación del entorno natural. La posible alteración de esos ecosistemas podría impactar sobre una de las principales fuentes de ingresos regionales.

En ese marco, el tribunal advirtió que la modificación de la ley podría afectar no solo áreas glaciares, sino también zonas periglaciares que cumplen funciones ambientales clave. Esa ampliación del análisis refuerza la necesidad de una evaluación integral antes de permitir cambios en el uso del suelo. La cautelar busca preservar ese equilibrio mientras avanza la causa.

La suspensión de la reforma se mantendrá vigente en todo el territorio de Santa Cruz hasta que se dicte una sentencia de fondo sobre la constitucionalidad de la norma. Durante ese período, el Estado Nacional no podrá avanzar con autorizaciones basadas en el nuevo esquema legal. El escenario queda abierto a definiciones judiciales que marcarán el alcance futuro de la política ambiental en la región.