
El oficialismo posterga la reforma de las PASO por el problema económico con el pago a fondos buitres
Política26/04/2026
REDACCIÓNLa Libertad Avanza decidió congelar el debate electoral ante la falta de consenso con el radicalismo. La prioridad en el Senado pasa ahora por cancelar una deuda millonaria con bonistas y modificar la Ley de Salud Mental.

La arquitectura legislativa de La Libertad Avanza en la Cámara Alta sufrió un fuerte reordenamiento de prioridades tras chocar con la resistencia de los bloques dialoguistas. Bajo la premisa de que «acá mandan los números», el oficialismo resolvió frenar la eliminación de las PASO, una de las banderas de su reforma electoral, hasta que se alcancen «consensos mínimos» con la UCR. El radicalismo, que aporta 10 votos determinantes, ya adelantó que no aceptará anular las primarias ni elevar el tope de aportes privados al 35%, obligando a la bancada que preside Patricia Bullrich a recalcular su hoja de ruta.
Ante este bloqueo político, la Casa Rosada decidió volcar toda su energía parlamentaria en una señal directa hacia los mercados internacionales. El objetivo central de esta semana será emitir dictamen para autorizar el pago de "U$D 171 millones a los fondos Buitres Baindridge LTD" y otros acreedores que no ingresaron al canje de 2016. Aunque el Gobierno no llegará a cumplir con la fecha límite del 30 de abril, busca demostrar su predisposición de cancelación de deuda para evitar nuevas complicaciones legales en los tribunales del exterior.


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El giro en la agenda también incluye un avance decidido sobre la Ley de Salud Mental, un tema sensible que comenzará a debatirse este miércoles en un plenario de comisiones. El nuevo proyecto busca introducir cambios estructurales, entre los que destaca la "presencia obligatoria del médico psiquiatra" en los equipos interdisciplinarios, dándole un peso determinante a la evaluación médica en diagnósticos y tratamientos. Además, se contempla que la internación no voluntaria sea posible cuando exista un "riesgo grave de daño para la vida", flexibilizando los criterios extremos de la normativa vigente.
En paralelo a la discusión sanitaria, el oficialismo intenta destrabar el capítulo de la Propiedad Privada, donde se concentran las críticas por la eliminación de topes a la compra de tierras por parte de extranjeros. Las negociaciones actuales apuntan a introducir modificaciones que permitan calmar las aguas con la oposición, especialmente en lo que respecta a la ley de barrios populares. Se espera que, de avanzar estos acuerdos, la sesión ordinaria para tratar estos puntos junto al pago a los bonistas se concrete el próximo 6 de mayo.
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La estrategia de demorar la reforma electoral hasta junio responde a la necesidad de no desgastar la relación con los aliados en medio de votaciones económicas críticas. La Libertad Avanza reconoce que para alcanzar los "37 votos en el Senado" no tiene margen para imponer agendas que no cuenten con el visto bueno del radicalismo. Por ello, han optado por el pragmatismo de avanzar en lo que hoy consideran urgente para la gestión de las cuentas públicas y la seguridad jurídica de los inversores.
Dentro de este paquete de medidas, el tratamiento de los consumos problemáticos tendrá un nuevo marco legal, integrándose formalmente a las políticas de salud mental. La autoridad de aplicación tendrá la facultad de definir dispositivos específicos, ya sean ambulatorios o de internación, buscando dar respuesta a un reclamo creciente de diversos sectores sociales. Esta reforma cuenta con el impulso de la senadora Ivana Arrascaeta, quien presidirá la comisión de Salud en su reunión constitutiva.
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El plano judicial también tendrá un protagonismo central en los próximos días con la apertura de audiencias públicas para los jueces propuestos por el Ejecutivo. Entre los pliegos que mayor atención generan se encuentran los de Emilio Rosatti, hijo del presidente de la Corte Suprema, y Cristina María Juan, vinculada al juzgado que lleva el Caso Libra. Estas postulaciones comenzarán a tratarse formalmente entre el 7 y el 14 de mayo, marcando un movimiento clave en la cobertura de juzgados de primera instancia.
Mientras tanto, el debate por la ley de Discapacidad quedará relegado para más adelante, dado que el veto presidencial a la iniciativa anterior dejó heridas abiertas en varios bloques que habían acompañado el proyecto el año pasado. El oficialismo prefiere concentrarse en la aprobación de casi 80 pliegos internacionales y el dictamen sobre falsas denuncias, temas donde el consenso parece estar más cerca que en las reformas estructurales de fondo.















