Multas millonarias y juicios a padres: la respuesta oficial ante las amenazas en escuelas de Chubut

El Ministerio de Seguridad confirmó que los tutores deben responder económicamente por las conductas de los menores. Tras 11 allanamientos, la justicia detectó un marcado desconocimiento familiar sobre la actividad digital de los adolescentes.

La validez del artículo 1754 del Código Civil y Comercial se convirtió en el eje de la estrategia oficial para frenar la ola de intimidaciones públicas que afectó a los establecimientos educativos de la provincia. En diálogo con el programa "El Quinto Poder" por #LA17, el ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrióz, ratificó que la responsabilidad por los actos de los hijos recae directamente sobre sus progenitores, quienes ahora enfrentan las consecuencias legales de las supuestas travesuras digitales. Esta normativa impone una cuota de atención mayor sobre el entorno doméstico, desplazando el foco de la simple sanción escolar hacia el resarcimiento civil.

Durante los procedimientos judiciales realizados recientemente, las brigadas de investigaciones detectaron un patrón común en la mayoría de los hogares intervenidos. En los 11 allanamientos ejecutados, los padres manifestaron un desconocimiento absoluto respecto a las maniobras que sus hijos realizaban en redes sociales o aplicaciones de mensajería. Esta desconexión entre la supervisión parental y la actividad de los menores derivó en situaciones donde el patrimonio familiar queda expuesto ante posibles multas millonarias o demandas por daños.

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El impacto de las amenazas no fue únicamente administrativo, sino que afectó directamente el funcionamiento de las instituciones a través de un alto nivel de ausentismo y una preocupación creciente en la comunidad educativa. Según explicó Iturrióz, existen dos perfiles de tutores claramente diferenciados en esta crisis: aquellos que detectaron la conducta y aportaron pruebas voluntariamente, y quienes ignoraron por completo los riesgos. Los primeros entregaron capturas de WhatsApp, Instagram y TikTok para colaborar con la justicia, facilitando la identificación de los responsables.

A pesar de que las denuncias fueron disminuyendo paulatinamente tras el primer aluvión de casos, la tensión se mantuvo durante toda la semana con reportes aislados de presuntos atentados armados. En Puerto Madryn, la justicia avanzó con la imputación de un menor, aunque no se ordenaron detenciones efectivas debido a que no se verificaron riesgos procesales de fuga. La falta de un peligro inminente de encierro permitió que los adolescentes permanecieran en sus hogares, aunque vinculados formalmente a las causas penales iniciadas por el Estado.

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La estrategia de abordaje incluyó un pedido explícito del Ministerio de Educación para reducir la repercusión pública de los episodios y evitar el denominado efecto contagio. Esta decisión se basa en protocolos internacionales que sugieren no divulgar ciertas actividades delictivas para minimizar el riesgo de imitación entre pares. El objetivo es quitarle entidad a la amenaza para que no se convierta en un método de validación social o una vía para interrumpir el calendario escolar de manera sistemática.

El ministro destacó que, en el ámbito de la investigación, el trabajo con el área de Incibe fue fundamental para rastrear el origen de las comunicaciones que generaron el caos. Si bien el Estado interviene como garante de la seguridad pública, la responsabilidad primaria es de carácter familiar. La ley argentina es taxativa al respecto, y el desconocimiento de la actividad digital de un hijo no exime a los adultos de las consecuencias legales que sus actos produzcan en el espacio público.

El riesgo latente de que una falsa alarma escale hacia un incidente violento real es la mayor preocupación de las autoridades provinciales. "Con que uno tome la decisión de hacerlo ya sería gravísimo", señaló Iturrióz en #LA17, enfatizando que la presencia de un arma en el entorno de un menor rompe cualquier lógica de juego. La prevención, por tanto, se traslada desde los pupitres hacia el control parental sobre los dispositivos móviles y el acceso a contenidos que promueven la violencia.

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La gestión de la crisis también puso de relieve la labor de directivos y docentes, quienes intentaron sostener la normalidad escolar a pesar del clima de incertidumbre. La directiva oficial fue siempre la de proseguir con las actividades, evitando que el miedo paralice las instituciones. Esta resistencia institucional busca demostrar que el sistema educativo no cederá ante maniobras de amedrentamiento, aunque estas se originen en el propio alumnado.

Finalmente, el escenario actual deja una advertencia clara sobre el costo de la desatención en el hogar. La intervención de las brigadas y la apertura de causas judiciales marcan un límite operativo para quienes consideraban que el anonimato digital garantizaba impunidad. El Estado chubutense ha decidido aplicar el rigor de la legislación vigente para que el impacto económico de estas acciones obligue a una revisión profunda de los vínculos y la supervisión dentro de cada familia.