Inhiben bienes e indagan a Diego Spagnuolo y empresarios por el desvío de 75 mil millones en discapacidad
Policiales28/04/2026
REDACCIÓNEl juez Ariel Lijo ordenó bloquear las cuentas de los 29 involucrados en la causa ANDIS. Diego Spagnuolo encabeza la lista de indagatorias que se inician hoy en los tribunales federales.
Las cuentas bancarias y las propiedades de casi treinta personas vinculadas a la Agencia Nacional de Discapacidad quedaron hoy bajo un bloqueo judicial estricto. El juez Ariel Lijo tomó esta determinación para evitar que los acusados liquiden activos que podrían haber surgido de retornos ilegales durante su paso por la función pública. Según la resolución, existe la firme "posibilidad de que acontezcan maniobras tendientes al desprendimiento de activos que pudieron haber sido instrumentos, productos, objetos o provecho de posibles delitos".
La investigación estima que el daño patrimonial contra el Estado argentino supera una cifra astronómica que marea a cualquier contribuyente. Unos 75.000 millones de pesos habrían salido de las arcas públicas para terminar repartidos entre una red de empresarios y funcionarios que manejaban los beneficios para personas con discapacidad. Esta suma millonaria se desvió a través de maniobras que los fiscales Franco Picardi y Sergio Rodríguez describen como un fraude sistemático y planificado desde las oficinas de la agencia.
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Diego Spagnuolo, quien fuera el titular de la dependencia, debe volver a sentarse frente a la justicia para ampliar su declaración en un escenario cada vez más complicado. El exfuncionario ya carga con un procesamiento por "cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo", delitos que lo colocan en el centro de la tormenta política. La justicia busca profundizar en los detalles de cómo se gestó esta convivencia espuria entre el control estatal y los intereses privados de un grupo reducido de proveedores.
El cronograma de citaciones que arranca este martes se extenderá durante casi un mes entero para completar las versiones de los 29 imputados. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°11 estableció que el desfile por los tribunales de Comodoro Py terminará recién el próximo 26 de mayo. Entre los nombres que figuran en la lista oficial aparecen directivos de droguerías y laboratorios que habrían aceitado los mecanismos de pago para obtener beneficios extraordinarios de forma ilegal.
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La sospecha principal recae sobre un esquema de intermediación donde el exdirector de Acceso a los Servicios de Salud, Daniel María Garbellini, habría tenido un rol operativo clave. En este entramado aparece también la figura de Miguel Ángel Calvete, señalado como el presunto lobbista encargado de acercar las necesidades de los directivos de laboratorios a los despachos oficiales. La fiscalía sostiene que esta conexión era el motor que permitía que el dinero fluyera hacia el grupo empresarial que concentraba la facturación estatal.
Para el juez Lijo, no se trató de errores administrativos aislados sino de una estructura montada con el fin específico de saquear fondos públicos. “La organización habría estado abocada a generar millonarias sumas de dinero para sus integrantes de manera ilegal, en detrimento del erario público”, subrayó el magistrado en la última resolución del caso. Esta definición marca un cambio de ritmo en la causa, que ahora apunta directamente al bolsillo del grupo investigado a través de las inhibiciones generales de bienes.
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El expediente judicial ya tiene identificados a más de 20 empresarios que habrían aceptado las reglas de juego impuestas por la conducción de la ANDIS. Estos hombres de negocios son investigados por formar parte de una estructura que garantizaba el desvío de los fondos mediante licitaciones direccionadas o pagos irregulares de facturas. La justicia federal ordenó que las empresas involucradas también sufran el bloqueo de sus activos para asegurar que el Estado pueda recuperar lo sustraído en caso de una condena.
Los fiscales Rodríguez y Picardi pidieron las indagatorias tras analizar una montaña de documentos que demuestran la incompatibilidad de las gestiones realizadas por Spagnuolo y su equipo. El foco está puesto en cómo se autorizaron partidas extraordinarias que saltearon los controles internos de la propia Agencia Nacional de Discapacidad de manera recurrente. La ampliación de las indagatorias para los cinco procesados originales busca cerrar el círculo sobre la responsabilidad de quienes tenían el deber de cuidar el dinero público.
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El proceso que se abre ahora intenta desentrañar si existen más cuentas ocultas o propiedades a nombre de testaferros que aún no fueron detectadas por los investigadores. El objetivo final de la inhibición de bienes es que el producto del delito sea susceptible de ser recuperado por el Estado argentino en el corto plazo. Mientras los imputados preparan sus defensas técnicas, la causa sigue sumando testimonios que complican el futuro judicial de quienes manejaron la caja millonaria de la discapacidad.
Fuente: NA.
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