Santa Fe empezó a cobrar amenazas escolares con multas millonarias a familias
Policiales28/04/2026
REDACCIÓNLa primera intimación superó los seis millones de pesos. El Gobierno provincial avanza sobre padres de alumnos identificados como responsables.
Un operativo policial en la ciudad de Santa Fe terminó con la entrega de una notificación que marca un cambio concreto en la respuesta estatal frente a amenazas escolares. Por primera vez, las autoridades exigieron el pago de los costos del despliegue de seguridad a los padres de un alumno involucrado, con una suma que supera los seis millones de pesos.
La medida forma parte de una política impulsada por el Gobierno provincial que apunta a trasladar el costo económico de estos hechos a los responsables directos y a sus tutores. En este caso, la intimación fue dirigida a los padres de un menor identificado como autor de una amenaza, a quienes se les exige el pago en carácter de responsables solidarios.
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El procedimiento fue llevado adelante por la Policía de Santa Fe, que concretó la notificación en el domicilio de la familia. Según se informó, el monto total asciende a $6.024.944, cifra que corresponde a los gastos generados por el operativo de seguridad desplegado ante la amenaza.
El ministro de Justicia y Seguridad, Pablo Cococcioni, explicó que esta acción se enmarca en un esquema más amplio de identificación y sanción de estos hechos. “La notificación se realizó a ambos padres de un menor que fue identificado como autor de una de las amenazas”, detalló durante una conferencia posterior al procedimiento.
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La reacción del adulto notificado fue uno de los aspectos que llamó la atención de las autoridades. “Cara la jodita”, expresó al recibir la intimación, en una frase que fue destacada públicamente por los funcionarios al describir el momento.
Las notificaciones incluyen información precisa sobre la deuda, los medios de pago habilitados y un plazo concreto para cumplir con la obligación. En este caso, los responsables cuentan con cinco días para abonar el monto antes de que la situación avance a una instancia judicial.
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Si ese plazo se vence sin pago, los antecedentes son derivados a la Fiscalía de Estado, lo que abre la puerta a acciones legales para recuperar el dinero. El esquema busca dar continuidad administrativa a las intimaciones y asegurar el cumplimiento de las sanciones económicas.
El alcance de la medida no se limita a un caso aislado. Según indicó el funcionario, ya fueron identificados los responsables de 58 amenazas, lo que involucra a más de 70 personas entre autores directos y adultos responsables.
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En algunos expedientes, la cantidad de involucrados supera a los hechos registrados, ya que pueden existir múltiples participantes o más de un tutor alcanzado por la responsabilidad. Esa complejidad forma parte del proceso de validación que realiza la Justicia.
Cococcioni también explicó cómo avanza el mecanismo de aplicación de estas sanciones. “A medida que la Fiscalía valida las identidades -sean mayores o menores, punibles o no- se identifica a los responsables y automáticamente se emiten las intimaciones”, señaló.
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