Nuevas excavaciones en La Perla buscan más víctimas enterradas en fosas comunes
Policiales28/04/2026
REDACCIÓNEl Equipo Argentino de Antropología Forense retomará tareas en Córdoba luego de identificar a 12 desaparecidos con restos hallados en 2025.
La búsqueda de personas desaparecidas durante la última dictadura militar tendrá una nueva etapa en el predio de La Perla, en Córdoba, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención, tortura y exterminio más importantes del país. El Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF) comenzará el lunes una segunda fase de excavaciones en una zona cercana al área donde el año pasado se recuperaron restos óseos que permitieron identificar a 12 víctimas.
La intervención se realizará en el sector conocido como Loma de Torito, dentro de la Reserva Natural Militar de La Calera, y fue ordenada por el Juzgado Federal N° 3, a cargo del juez Hugo Vaca Narvaja. El objetivo es profundizar la búsqueda de evidencias sobre víctimas de secuestro, desaparición forzada y asesinato, en un espacio que todavía puede contener información clave para familiares y organismos judiciales.
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Los trabajos previos realizados entre septiembre y noviembre de 2025 permitieron recuperar numerosos restos óseos en el predio. A partir del análisis antropológico y del cotejo genético con muestras aportadas por familiares al Banco Nacional de Datos Genéticos, se logró identificar en marzo pasado a 12 personas que permanecían desaparecidas. Ese resultado confirmó la relevancia judicial y humana de continuar con las excavaciones.
La nueva campaña no empieza desde cero, ya que las tareas preparatorias comenzaron el viernes con la reparación del camino de ingreso y el desmalezamiento del sector que será intervenido. El área prevista abarca tres hectáreas adyacentes a la zona donde trabajaron los equipos forenses durante 2025, lo que amplía el radio de búsqueda sobre terrenos que pueden contener nuevos indicios.
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El EAAF buscará recuperar restos, objetos asociados y cualquier evidencia que permita reconstruir lo ocurrido con víctimas del terrorismo de Estado. Cada hallazgo puede aportar datos para investigaciones judiciales, procesos de identificación y respuestas largamente esperadas por familias que aún desconocen el destino final de sus seres queridos. En estos casos, el trabajo científico se vuelve también una herramienta de reparación institucional.
La expectativa está puesta en que esta segunda etapa permita obtener nuevas pruebas sobre identidades todavía pendientes. El procedimiento combina prospección arqueológica, excavación controlada, registro técnico y posterior análisis de laboratorio, con criterios que resguardan la cadena de custodia de los materiales recuperados. Esa metodología resulta central para que cada evidencia tenga valor tanto científico como judicial.
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Las tareas se desarrollarán con la cooperación del Servicio de Antropología Forense del Poder Judicial de Córdoba y de la Universidad Nacional de Córdoba. Esa articulación suma capacidad técnica a una investigación que requiere precisión, continuidad y coordinación entre organismos especializados. También permite ampliar el abordaje sobre un predio complejo por su historia y por las condiciones del terreno.
La campaña contará además con respaldo logístico y recursos del Gobierno de Córdoba y de la Municipalidad de Córdoba. Ese apoyo será necesario para sostener el trabajo de campo, garantizar accesos, asegurar condiciones operativas y permitir que los equipos desarrollen las excavaciones durante la nueva etapa prevista. La búsqueda demanda infraestructura, personal especializado y tiempo de análisis posterior.
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La Perla conserva un peso central en la memoria del terrorismo de Estado por el rol que tuvo durante la dictadura. La posibilidad de encontrar allí más restos de personas desaparecidas refuerza la dimensión probatoria del lugar y vuelve a poner el foco en la responsabilidad institucional de sostener las búsquedas. La identificación de 12 víctimas en marzo mostró que, aun décadas después, el predio todavía puede ofrecer respuestas concretas.
El inicio de esta segunda etapa deja planteado un proceso abierto, con resultados que dependerán del avance de las excavaciones y de los análisis posteriores. Para las familias, cada nueva intervención representa una posibilidad de verdad después de años de incertidumbre. Para la Justicia, implica una oportunidad de incorporar pruebas sobre crímenes de lesa humanidad que siguen bajo investigación.
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