El gobierno de Axel Kicillof suspendió por 90 días el programa MESA ante la imposibilidad de financiar 30.000 millones de pesos mensuales. La medida dispara una crisis abierta con el sector de Máximo Kirchner.
Desde este lunes, las familias de 2.100.000 alumnos que asisten a escuelas públicas bonaerenses ya no encontrarán la caja de cartón con los nueve productos básicos que retiraban mensualmente. El Módulo Extraordinario para la Seguridad Alimentaria (MESA), un sostén que incluía desde leche y aceite hasta legumbres y harina, quedó desactivado por un plazo mínimo de tres meses. La decisión responde a un rojo fiscal que el Ministerio de Economía provincial ya no logra disimular bajo ninguna narrativa de resistencia.
El costo de sostener este reparto escaló hasta rozar los 30.000 millones de pesos por mes, una cifra que terminó por asfixiar las cuentas de Pablo López. El jefe de la cartera económica viene advirtiendo a todo el gabinete que “no hay plata”, utilizando la misma premisa que el gobierno nacional para justificar el recorte. El temor en La Plata es que, si no se cerraba este grifo de manera inmediata, el Estado provincial tendría “severos inconvenientes para pagar los salarios provinciales” antes de fin de año.
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La caja, compuesta por marcas poco conocidas pero de valor nutricional verificado, representaba un alivio para los sectores más castigados del Gran Buenos Aires. Con el retiro del 40% del financiamiento que antes aportaba Nación, la Provincia debió absorber unos 12.000 millones de pesos adicionales que terminaron por dinamitar el presupuesto. Ante este escenario, la mesa chica de Axel Kicillof optó por un ajuste drástico y de un solo movimiento para intentar licuar el costo político responsabilizando exclusivamente a la Casa Rosada.
Sin embargo, el frente interno resultó ser más hostil que el externo, y la tregua con el kirchnerismo duro se quebró definitivamente. El senador Mario Ishii fue el encargado de abrir fuego contra el gobernador, acusándolo de ejecutar un “ajuste con la comida de los pobres”, una frase que en La Plata leen como un dictado directo de Máximo Kirchner. La relación entre ambos líderes parece haber llegado a un punto de no retorno, donde los reproches por los 80.000 nuevos empleados estatales desde 2023 se cruzan con acusaciones de revanchismo.
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Desde el entorno del gobernador argumentan que el programa MESA fue una herramienta de emergencia nacida en la pandemia y que su continuidad era inviable sin el respaldo federal. “Había que pegar un volantazo en las cuentas y culpar a los libertarios con la mayor persuasión posible”, admiten fuentes cercanas a la gobernación sobre la estrategia comunicacional. A pesar de los intentos por desviar el foco, intendentes de La Cámpora y sectores aliados comenzaron a desmarcarse de la medida, dejando a Kicillof en una soledad financiera inédita.
La composición de la caja que ahora falta en los hogares consistía en aceite, arroz, harina, leche, levadura, puré de tomate, lentejas, arvejas y seis huevos. Aunque no resolvía la alimentación integral, funcionaba como un dique de contención contra el hambre en los barrios donde los recursos escasean diariamente. La logística del armado, que dependía de los 135 Consejos Escolares, quedó paralizada, generando un vacío de asistencia que los municipios difícilmente puedan cubrir con fondos propios.
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Desde el gobierno nacional, la respuesta a la crisis bonaerense fue lapidaria y apuntó a la gestión de los recursos en los últimos años. Sugieren que, antes de recortar comida, la Provincia debería revisar gastos en programas culturales o la estructura de personal que creció un 12% desde que asumió la actual gestión. “Que sean responsables y creativos”, lanzaron desde los ministerios nacionales, devolviendo la pelota a un Kicillof que se debate entre el déficit y la interna partidaria.
La suspensión por 90 días es, en los papeles, una medida transitoria, aunque nadie en la capital provincial se anima a asegurar que el programa regrese en agosto. La prioridad absoluta del Ejecutivo pasó a ser el sostenimiento de la paz social a través del pago de haberes a los 600.000 empleados públicos. En ese esquema de prioridades, la seguridad alimentaria escolar pasó a ser una variable de ajuste frente a una recaudación que cae a contramano del gasto fijo.
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