Un médico de San Rafael detectó que sus pacientes figuraban con dosis aplicadas a 250 kilómetros de su casa. Investigan una red de enfermeros y padres por fraude al Estado.
Un consultorio de San Rafael fue el punto de partida para desarmar una maniobra que ponía en riesgo la salud pública provincial. Un médico pediatra notó una inconsistencia imposible de explicar en los registros de sus pacientes habituales durante una consulta de rutina. Niños pertenecientes a familias con una marcada postura antivacunas figuraban de pronto con el calendario oficial completo en el sistema informático estatal, a pesar de la negativa histórica de sus progenitores a inmunizarlos.
Lo más llamativo de los datos cargados no era solo la inmunización repentina, sino el lugar donde supuestamente se colocaron las dosis. Los registros oficiales señalaban que las vacunas se aplicaron en el Centro de Salud 22 de Las Heras, ubicado en la zona de El Pastal, en el Gran Mendoza. Se trata de un punto geográfico situado a más de 250 kilómetros de distancia del domicilio real de los menores en el sur provincial y a 100 kilómetros de otros casos detectados en el Valle de Uco.
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La investigación judicial intenta determinar ahora si existieron pagos directos para falsificar la carga de datos en el sistema mendocino. El fiscal Juan Gabriel Ticheli, de la Unidad Fiscal 3 de Delitos Económicos, ordenó allanamientos en el centro de salud mencionado y en casas particulares de los sospechosos. Según consta en la denuncia que motoriza la causa, "los padres de los niños no vacunados ofrecían dinero al enfermero para que hiciera figurar como inmunizados en el sistema informático estatal".
El interés de estas familias no era meramente ideológico, sino que buscaba proteger el acceso a beneficios económicos directos. Al figurar como vacunados, los padres garantizaban la continuidad en el cobro de planes alimentarios, sociales y de escolaridad que exige el cumplimiento del calendario nacional. De esta manera, evitaban que el sistema bloqueara los pagos por falta de cumplimiento, permitiéndoles recibir la asistencia estatal sin vacunar realmente a los menores bajo su cuidado.
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Mendoza mantiene una política sanitaria particularmente estricta y fue la primera provincia en llevar a la Justicia a las familias que incumplen con el esquema de vacunación obligatoria. La normativa vigente en el territorio mendocino establece multas y hasta días de arresto para quienes no cumplan con la protección de los niños. Esta presión legal habría empujado a los grupos antivacunas a buscar vías ilegales para simular una responsabilidad civil que rechazaban por convicciones personales.
La funcionaria Sandra Gómez, del Ministerio de Salud provincial, manifestó su preocupación por el alcance moral de la maniobra detectada en el sistema. "La gravedad del caso no es sólo que un enfermero pueda estar implicado, sino que los padres hayan participado de la maniobra", señaló respecto al involucramiento directo de las familias. Para el Gobierno provincial, el hecho de que se pagara para dejar a un menor desprotegido frente a enfermedades graves agrava la calificación legal del fraude.
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Las dosis que figuraban como aplicadas en los carnets truchos incluían vacunas críticas como la pentavalente, contra la poliomielitis, neumococo y rotavirus. La Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) advierte que la protección colectiva enfrenta un escenario de fragilidad por el descenso sostenido en la cobertura nacional. La falta de inmunización real en estos casos puntuales abre una ventana de vulnerabilidad sanitaria que afecta a todo el entorno escolar y social de los niños involucrados.
El fiscal Juan Gabriel Ticheli tiene previsto avanzar esta semana con declaraciones testimoniales clave para reconstruir el circuito del dinero y las responsabilidades. Se espera el análisis de los dispositivos secuestrados en los allanamientos para proceder a las imputaciones formales por posible cohecho y fraude a la administración pública. Aunque todavía no hay detenidos, la sospecha recae sobre un grupo de padres de San Rafael y del Valle de Uco junto a dos enfermeros de Las Heras.
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El calendario oficial de vacunación argentina incluye dosis fundamentales como la BCG y la Hepatitis B que deben aplicarse ni bien nace el bebé en la maternidad. Los refuerzos a los 5 y 11 años contra el sarampión, la rubéola y las paperas también habrían sido salteados mediante esta simulación informática detectada. El desenlace de la causa penal definirá la capacidad del Estado para blindar sus sistemas ante este tipo de filtraciones que falsean la realidad epidemiológica de la provincia.
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