Río Negro: Si manejás alcoholizado y provocás un choque tendrás que pagar los costos
Actualidad04/05/2026
Sergio BustosQuienes provoquen un siniestro vial bajo los efectos del alcohol, drogas o por conductas graves al volante deberán afrontar un nuevo costo: el de la atención médica. La Legislatura aprobó una ley que obliga a estos conductores a reintegrar al Estado provincial los gastos sanitarios generados por el hecho.
La norma apunta directamente a una situación frecuente en los sistemas de salud pública. Cuando ocurre un choque con heridos, el Estado suele absorber los costos de atención, incluso cuando el responsable incurrió en faltas graves. Con esta ley, esa lógica cambia y se busca trasladar esa carga económica a quien generó el daño.
El proyecto fue impulsado por el legislador Fernando Frugoni, del bloque CC ARI Cambiemos, y logró aprobación por mayoría. Sin embargo, el debate dejó expuestas diferencias políticas dentro de la Legislatura, con varios bloques votando en contra.
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Tras la sanción, Frugoni cuestionó esa postura. “Lamentablemente todos los legisladores del kirchnerismo y sus socios que responden a Aníbal Tortoriello votaron en contra, junto a la UCR y Primero Río Negro”, expresó.
El alcance de la ley incluye no solo casos de consumo de alcohol o estupefacientes, sino también situaciones consideradas de alta gravedad. Entre ellas se encuentran cruzar semáforos en rojo, circular a velocidades superiores a las permitidas o manejar de forma temeraria.
También quedan comprendidos quienes conduzcan sin licencia habilitante o con el registro vencido. En todos estos casos, si el sistema de salud público interviene y no hay cobertura de obra social o seguro, el responsable deberá devolver el dinero correspondiente.
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La autoridad de aplicación será el Ministerio de Salud, que tendrá la tarea de fijar los costos de las prestaciones, certificar las deudas y avanzar en los mecanismos de cobro. El esquema busca formalizar un procedimiento que hasta ahora no estaba claramente definido.
Además del aspecto económico, la norma incorpora un componente preventivo. Los conductores involucrados deberán cumplir con capacitaciones obligatorias en seguridad vial, con el objetivo de reducir la reincidencia.
El destino de los fondos también forma parte del esquema. El 20 por ciento de lo recuperado se destinará a programas de prevención y concientización, así como al fortalecimiento de organizaciones que trabajan en seguridad vial.
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La ley establece un plazo de 60 días para su reglamentación, momento a partir del cual comenzará a aplicarse en forma efectiva. En ese período se definirán los mecanismos operativos y administrativos necesarios.
Frugoni destacó el sentido de la iniciativa al defender su aprobación. “La seguridad vial es un aspecto fundamental que hace al bienestar de la sociedad, por lo que aquellos que conducen deben hacerlo de manera responsable”, sostuvo.
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