El abogado Roberto Castillo presenta la denuncia contra Pablo Pérez ante el Consejo de la Magistratura. El martes habrá una movilización masiva en la Escuela 83.
La Escuela 83 de Comodoro Rivadavia será el punto de encuentro este martes a las 20 para recordar la memoria de Ángel López. La familia paterna y allegados del niño pegaron carteles por toda la ciudad exigiendo justicia y una mayor celeridad en el expediente judicial. Esta movilización busca transformar el dolor en presión pública cuando se cumple exactamente un mes del asesinato que conmovió a la provincia.
El abogado Roberto Castillo confirmó que este lunes formalizará la presentación de un jury contra el juez Pablo José Pérez ante el Consejo de la Magistratura de Chubut. El reclamo central de la querella apunta a la decisión del magistrado de otorgar la custodia del pequeño a su madre, Mariela Altamirano. Para la familia, esa resolución fue el paso determinante que dejó al niño sin la protección necesaria antes del desenlace fatal.
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La ofensiva legal no se agota en la figura del juez y alcanza también a la defensora de menores y a las psicólogas que intervinieron en el proceso de tenencia. Los representantes de la familia paterna sostienen que estas profesionales “son responsables del aislamiento de Ángel que terminó con su asesinato”. Esta denuncia penal y disciplinaria intenta desentrañar por qué se ignoraron los planteos que advertían sobre los riesgos de dejar al menor con su progenitora.
El informe preliminar de la autopsia reveló una realidad física devastadora con al menos 21 hematomas en el cuero cabelludo y múltiples lesiones por violencia. Estos datos forenses, que fueron difundidos por la fiscalía tras el trabajo de Facundo Oribones y Diana Guzmán, sustentan la hipótesis de una intervención estatal tardía. La familia pregunta ahora qué señales fueron evaluadas por el sistema judicial antes de autorizar que el niño viviera con los hoy detenidos.
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La madre del pequeño, Mariela Altamirano, permanece actualmente alojada en la penitenciaría de Trelew bajo una prisión preventiva por el término de seis meses. La justicia la imputó por homicidio agravado por el vínculo en carácter omisivo, al considerar que no evitó el daño sobre su propio hijo. Por su parte, su pareja Michel González enfrenta un cargo por homicidio simple como el presunto autor material de las agresiones físicas.
El Ministerio Público Fiscal de Chubut basó sus pedidos de detención el pasado 12 de abril en los elementos reunidos durante los días inmediatamente posteriores al crimen. Los fiscales consideraron que la gravedad del hecho y los primeros resultados médicos eran suficientes para asegurar la presencia de los sospechosos en el proceso. Mientras se esperan los estudios complementarios de la morgue, la causa penal busca consolidar las pruebas que confirmen la mecánica de los ataques sufridos por el menor.
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La discusión institucional que propone la familia paterna busca revisar la cadena de responsabilidades técnicas que separaron a Ángel de su entorno previo. El jury pretende determinar si hubo negligencia u omisiones graves en las evaluaciones psicológicas que avalaron la convivencia con Altamirano. El expediente disciplinario caminará en paralelo a la causa por asesinato, pero con el foco puesto en el funcionamiento interno de los organismos de protección de la niñez.
Los carteles con el rostro de Ángel se multiplicaron en las últimas horas en los espacios públicos de Comodoro Rivadavia como parte de la convocatoria a marchar. El pedido de justicia combina el reclamo por una condena máxima a los autores con una demanda de transparencia sobre el rol de la Defensoría de Menores. Los organizadores esperan una asistencia masiva para demostrar que la sociedad local vigila de cerca cada movimiento del Consejo de la Magistratura.
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El éxito del reclamo contra el juez Pérez y el equipo técnico dependerá de la solidez con la que se presenten los errores de diagnóstico en el legajo de custodia. La familia está convencida de que el aislamiento del niño fue una construcción facilitada por quienes debían velar por su integridad. El límite operativo de este planteo institucional se definirá en las próximas semanas, cuando los consejeros decidan si abren o no la investigación formal contra el magistrado señalado.
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