Prohíben producir surimi con merluza a bordo para cerrar vacíos en controles
Actualidad04/05/2026
Sergio BustosEl movimiento apunta directo a uno de los puntos más sensibles de la actividad pesquera: cómo se controla lo que ocurre dentro de los barcos. Con una nueva resolución, el Consejo Federal Pesquero avanzó sobre una práctica que generaba interpretaciones cruzadas y decidió poner un límite claro en la elaboración de productos en alta mar.
La decisión impacta de lleno en la flota surimera, que hasta ahora operaba bajo un esquema con zonas grises. A partir de este cambio, ya no se podrá utilizar merluza común para la producción de surimi dentro de las embarcaciones, una restricción que busca ordenar la actividad y evitar desvíos en el uso del recurso.
El punto de partida de esta modificación es la Resolución 4/2026, que introduce cambios sobre una normativa previa vigente desde 2009. El objetivo central es actualizar criterios que habían quedado desfasados frente a la dinámica actual del sector pesquero, donde la tecnología y la operatoria evolucionaron más rápido que las reglas.
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Durante años, distintas interpretaciones convivieron dentro del sistema. Normas antiguas, como disposiciones de la década del noventa, generaban diferencias en la forma en que cada actor aplicaba las reglas. Ese escenario abría la puerta a desigualdades en la competencia y dificultades en los controles.
Con este ajuste, el Consejo busca que todos los buques operen bajo un mismo esquema. La captura de merluza seguirá permitida, pero deberá ajustarse estrictamente al régimen de Cuotas Individuales Transferibles de Captura o a asignaciones anuales definidas por la autoridad.
La intención es clara: que la flota surimera deje de tener un tratamiento diferenciado y se integre completamente al sistema general de manejo del recurso. Esto implica mayor previsibilidad en la actividad, pero también un control más riguroso sobre cada tonelada capturada.
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En paralelo, se impulsa una actualización más amplia del marco normativo. Las autoridades fueron instadas a revisar reglamentaciones que datan de 1990 para alinearlas con la Ley Federal de Pesca, con el objetivo de promover un uso más racional del recurso y mejorar el valor agregado de la producción.
El cambio se inscribe en un proceso de fiscalización más profundo. Desde el área de control pesquero se busca que las capturas autorizadas dentro de la Captura Máxima Permisible sean efectivamente aprovechadas por empresas que mantengan continuidad operativa y cumplan con las exigencias vigentes.
El trasfondo de la medida apunta a eliminar cualquier ambigüedad en la operatoria diaria. Menos margen para interpretaciones implica también menos espacio para irregularidades, en un sector donde la trazabilidad del recurso resulta clave para su sostenibilidad.
El nuevo escenario obliga a la industria a reconfigurar prácticas que durante años formaron parte del funcionamiento habitual. El desafío ahora será sostener la actividad dentro de reglas más claras, con un esquema que busca ser más controlable y transparente.
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