Descuentos de aportes por cuatro años: quiénes pueden entrar al nuevo plan de empleo
Actualidad04/05/2026
REDACCIÓNEl Gobierno reglamentó el incentivo para blanquear trabajadores con rebajas en las cargas sociales. Habrá un tope del 80% por empresa y multas por incumplir.
La Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo habilitó finalmente el camino para que el Ejecutivo pusiera en marcha el alivio en las cargas patronales. Esta decisión judicial dejó sin efecto la cautelar que mantenía en suspenso varios puntos clave de la reforma laboral tras modificar el alcance de una apelación oficial. Con el terreno despejado, el Boletín Oficial publicó este lunes el Decreto 315/2026 para formalizar el nuevo esquema de beneficios fiscales ante la agencia de recaudación.
El régimen de incentivo no es una carta abierta para cualquier contratación, sino que apunta a perfiles con dificultades de inserción. El beneficio alcanza únicamente a personas que se encontraban sin empleo formal al 10 de diciembre de 2025 o que acrediten haber estado desocupados durante los seis meses previos al alta. También se incluyó en la nómina a ex monotributistas y a aquellos trabajadores cuyo último empleo registrado perteneció al sector público en cualquiera de sus niveles.
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Las empresas tienen por delante un plazo exacto para decidir qué incorporaciones realizar bajo este formato subsidiado por el Estado. El cronograma de adhesión quedó establecido entre el 1° de mayo de 2026 y el 30 de abril de 2027, lo que obliga a los departamentos de recursos humanos a acelerar sus procesos. Quienes logren ingresar en este período disfrutarán de una reducción de contribuciones patronales durante los primeros 48 meses contados desde el inicio de la relación laboral.
La reglamentación de la Ley 27.802 define porcentajes de pago muy por debajo del sistema general de aportes vigente hasta hoy. Los empleadores pagarán solo un 2% para subsistemas como el previsional (SIPA), asignaciones familiares y el fondo de empleo, mientras que para el INSSJP la tasa será del 3%. La implementación técnica de estos descuentos será responsabilidad de ARCA, que deberá configurar sus sistemas para liquidar estos montos diferenciados de manera automática.
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Ninguna compañía podrá estructurar la totalidad de su fuerza de trabajo basándose exclusivamente en este programa de incentivos. El decreto impuso un límite interno claro: las empresas inscriptas después de diciembre de 2025 podrán anotar bajas contribuciones por un máximo del 80% de su plantilla de trabajadores. Esta restricción busca evitar que se produzcan despidos masivos para recontratar personal bajo el nuevo esquema de descuentos tributarios y previsionales.
El paso del empleo público al privado es uno de los objetivos más marcados de este cambio en la normativa laboral. La apuesta oficial busca que las provincias, los municipios y la Ciudad de Buenos Aires reduzcan sus estructuras mediante la migración de personal hacia el circuito privado registrado. El incentivo impositivo funciona aquí como el motor para que las empresas absorban a trabajadores que antes dependían del presupuesto estatal para sostener sus ingresos mensuales.
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La norma también contempla la realidad de quienes necesitan más de un ingreso para llegar a fin de mes. La letra chica del decreto aclara que cualquier actividad económica adicional del empleado, ya sea en el régimen general o como monotributista, no anulará el descuento del patrón. Esto permite que el trabajador mantenga sus emprendimientos independientes mientras accede a una relación formal con aportes, obra social y cobertura y reconocimiento administrativo pleno de su tarea.
El beneficio se pierde de manera automática si se detectan incumplimientos en las condiciones de contratación o permanencia del personal. En ese caso, la empresa no solo dejará de percibir el descuento, sino que deberá pagar las contribuciones adeudadas, con los intereses y sanciones correspondientes. El control será sistémico y estará a cargo de los cruces de datos que realice la agencia tributaria sobre las declaraciones juradas mensuales de cada empleador.
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El éxito de este plan para combatir la informalidad dependerá de la confianza que genere en los estudios contables y en los dueños de pymes. Si el esquema logra una trazabilidad previsional real, el mercado laboral podría ver una recuperación en el número de altas declaradas ante el sistema. Por ahora, el límite operativo quedará marcado por la capacidad de fiscalización para distinguir si se crea empleo nuevo o si solo se abarata contrataciones ya previstas.
Fuente: NA.
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