"Pequeño J" bajo custodia federal: llega a Ezeiza el sospechoso del triple crimen narco

Policiales04/05/2026

Tony Janzen Valverde Victoriano aterrizó este lunes extraditado desde Lima. La justicia lo señala como el cerebro de la represalia que terminó con tres jóvenes asesinadas.

Aterrizó en suelo argentino el hombre que la justicia de Morón señala como una pieza central de una organización dedicada al narcotráfico y la violencia extrema. Tony Janzen Valverde Victoriano, más conocido en el mundo del hampa como “Pequeño J”, descendió del avión bajo un despliegue de seguridad pocas veces visto en la terminal internacional. Los efectivos de la División Fugitivos y Extradiciones de la Policía Federal tomaron el control del detenido apenas cruzó la manga, cerrando un proceso de espera que se inició en octubre pasado.

El informe que acompaña el expediente judicial describe a una persona con un perfil de “alto riesgo” y marcados rasgos antisociales. Los peritos psiquiátricos que analizaron su conducta en Perú advirtieron a las autoridades locales sobre su capacidad para conducir redes criminales complejas desde las sombras. Esa peligrosidad latente obligó a que su traslado se realizara bajo un protocolo de máxima seguridad que lo mantendrá en una celda federal hasta su cita con el juez.

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El magistrado Jorge Ernesto Rodríguez, titular del Juzgado Federal N°2 de Morón, tiene previsto sentarlo frente a frente este martes para tomarle declaración indagatoria. El fiscal de la causa busca que el imputado responda por los delitos de “secuestro coactivo” y triple homicidio agravado en una trama que involucra a otras diez personas. Valverde Victoriano podrá optar por el silencio o intentar defenderse de una acusación que lo coloca en la cúspide de una represalia narco ejecutada con una frialdad absoluta.

Las víctimas de esta masacre fueron Brenda del Castillo, Morena Verdi y Lara Gutiérrez, quienes fueron engañadas el 19 de septiembre de 2025 en la zona de Ciudad Evita. La investigación sostiene que las jóvenes fueron trasladadas en una camioneta hasta una vivienda que funcionaba como búnker operativo en Florencio Varela. El desenlace fatal ocurrió poco después en una zona descampada, donde los cuerpos fueron hallados con signos de una ejecución planeada minuciosamente.

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La hipótesis principal de la fiscalía gira en torno a una “represalia ejecutada por una estructura con roles diferenciados” para recuperar un cargamento de droga robado. En este esquema, la justicia apunta a demostrar que Pequeño J no actuó solo, sino que coordinó a un grupo encargado de la captación, la retención y la posterior limpieza de la escena. Los investigadores creen que el triple crimen funcionó como un mensaje mafioso dirigido a quienes habrían sustraído sustancias a la organización comandada por el peruano.

El rastro de Valverde Victoriano se había perdido poco después de los asesinatos, cuando logró cruzar la frontera y refugiarse en su país de origen. Finalmente, la policía lo ubicó en Pucusana, un sector costero al sur de Lima, donde intentaba pasar desapercibido bajo una identidad que no pudo sostener frente al pedido de captura internacional. Esa detención en suelo peruano disparó un complejo trámite de extradición que recién ahora permite que el acusado rinda cuentas ante los tribunales argentinos.

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La calificación legal que pesa sobre el detenido es de las más severas previstas en el Código Penal, agravada especialmente por la situación de Lara Gutiérrez, quien era menor de 18 años. El juzgado de Morón considera que hubo una “actuación coordinada entre al menos once personas imputadas” para llevar a cabo el plan de secuestro y muerte. Esta causa desnudó el accionar de bandas que operan en el conurbano profundo con una logística que incluye búnkeres de retención y traslados en vehículos de apoyo.

La llegada de Pequeño J a la cárcel de Ezeiza marca un punto de quiebre para el resto de los procesados que ya están bajo custodia. Su declaración podría ordenar ese mapa de responsabilidades o, por el contrario, profundizar el pacto de silencio que suele rodear a las organizaciones vinculadas al tráfico de estupefacientes. La justicia federal tiene ahora el desafío de convertir la evidencia recolectada en los allanamientos y los cruces telefónicos en una condena ejemplar para el grupo.

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El operativo de seguridad en el aeropuerto terminó sin incidentes y el detenido fue alojado en una dependencia de máxima seguridad a la espera de su traslado a los tribunales. Los familiares de las tres jóvenes asesinadas aguardan que este avance administrativo se transforme en un avance concreto sobre las responsabilidades penales de los culpables. El límite inmediato del expediente dependerá de la capacidad de los fiscales para desentramar una red de lealtades criminales que todavía oculta muchos de sus secretos.

Fuente: NA.