Gendarmería define si los audios de la causa ANDIS son reales o fueron creados con IA

Policiales04/05/2026

El juez Ariel Lijo ordenó un peritaje técnico sobre las grabaciones que comprometen a Diego Spagnuolo. En paralelo, 35 imputados darán explicaciones por el manejo de fondos.

Gendarmería Nacional tiene en sus manos los archivos digitales que podrían definir la suerte de la investigación sobre la Agencia Nacional de Discapacidad. El juez Ariel Lijo quiere saber con certeza si existe algún rastro de manipulación tecnológica en el material que dio inicio a la denuncia. Los peritos especializados buscarán determinar si los archivos presentan “ediciones, alteraciones, modificaciones digitales o rasgos compatibles con una generación mediante Inteligencia Artificial”.

La estrategia judicial del ex titular del organismo, Diego Spagnuolo, se apoya enteramente en desacreditar la validez de estas grabaciones. Su abogado defensor, Mauricio D’Alessandro, sostiene que las herramientas de IA pudieron ser utilizadas para fabricar conversaciones que nunca existieron en la realidad. El resultado de este examen técnico actuará como un filtro para saber si las grabaciones pueden sostener “valor probatorio” en las siguientes instancias.

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El cronograma en los tribunales de Comodoro Py ya tiene marcadas las próximas tres semanas con una actividad intensa por las oficinas del fiscal Franco Picardi. Hasta el 26 de mayo, la justicia convocó a un total de 35 imputados para que presten declaración indagatoria por el presunto manejo irregular de fondos. La lista de citados es amplia y comprende desde antiguos funcionarios públicos hasta empresarios que actuaban como proveedores externos del Estado.

La lupa de la investigación ya no se queda solamente en las palabras grabadas sino que rastrea el flujo de dinero hacia compañías privadas específicas. Lijo mantiene firme la inhibición general de bienes sobre un grupo de firmas que proveían “prótesis, sillas de ruedas y medicamentos de alto costo” a los beneficiarios. Se sospecha que existieron maniobras para sobrefacturar servicios o directamente cobrar por prestaciones que nunca llegaron a los ciudadanos con discapacidad.

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Cada una de estas contrataciones cuestionadas impacta de forma directa sobre la “continuidad de cuidados” de miles de personas que dependen de la asistencia estatal. La causa analiza si el desvío de recursos afectó la provisión de insumos básicos para la movilidad y la autonomía personal de los usuarios de ANDIS. Para los investigadores, el daño patrimonial se traduce automáticamente en una deficiencia sanitaria concreta para un sector extremadamente vulnerable de la sociedad argentina.

La ronda de declaraciones permitirá observar si los empresarios y ex directivos eligen el camino del silencio o si intentan despegarse de las operaciones. Algunos de los imputados ya preparan sus escritos para explicar el “recorrido del dinero público” en las licitaciones que ganaron durante la gestión anterior. La justicia busca contrastar estas versiones con los balances contables y las órdenes de pago que fueron secuestradas en los distintos allanamientos.

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El peritaje de Gendarmería es visto por muchos en tribunales como un precedente sobre cómo se tratará la evidencia digital en la era de la manipulación profunda. Si los expertos detectan una manipulación digital relevante, la acusación de Picardi podría perder uno de sus pilares fundamentales de forma prematura. De lo contrario, la causa ganará un volumen penal difícil de frenar para los involucrados en el presunto circuito de proveedores y favores políticos.

Los audios filtrados fueron el disparador inicial, pero el expediente hoy suma cuerpos de pruebas basados en transferencias bancarias y auditorías internas del organismo. El fiscal intenta unir los puntos entre lo que se escucha en las grabaciones y la realidad de las “contrataciones y prestaciones” que figuran en los registros oficiales. El objetivo es transformar esos indicios en una prueba sólida que resista el control de las instancias superiores en la cámara federal.

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El desenlace de este tramo determinará si el caso escala hacia procesamientos firmes o si se diluye en una discusión sobre la tecnología de audio. La suerte de los 35 involucrados depende de que el juez logre acreditar que hubo una organización destinada a lucrar con el presupuesto de la discapacidad. Mientras tanto, las empresas bajo sospecha siguen con sus cuentas bloqueadas a la espera de una definición parcial que llegue antes del cierre de este mes.

Fuente: NA.