Chubut prepara una ley para perseguir el narcomenudeo con justicia provincial
Policiales04/05/2026
REDACCIÓNLa Provincia convocó a una mesa con los tres poderes para diseñar un esquema propio de investigación sobre venta minorista de drogas.
La venta de drogas en menor escala podría empezar a investigarse con mayor intervención provincial en Chubut, si prospera el esquema que el Gobierno busca ordenar mediante una ley específica. El gobernador Ignacio Torres dispuso por decreto la convocatoria a una Mesa de Trabajo Interinstitucional para coordinar criterios técnicos, jurídicos y operativos. La medida apunta a preparar el terreno para la desfederalización del narcomenudeo, una decisión que modificaría el modo en que el Estado aborda este tipo de delitos en el territorio.
El cambio no se limita a una discusión legal, porque impacta directamente sobre la persecución penal de hechos que afectan la seguridad cotidiana en barrios y localidades. La comercialización de estupefacientes en menor escala aparece como una problemática que ganó complejidad en los últimos años. Por eso, el Gobierno provincial busca construir un esquema que permita actuar con mayor cercanía, trazabilidad y coordinación entre organismos.
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La mesa convocada por Torres tendrá como tarea central elaborar un proyecto de ley para regular la implementación de la desfederalización en Chubut. Ese texto deberá definir condiciones, competencias, mecanismos de trabajo y responsabilidades institucionales. La discusión será determinante porque la Provincia no solo necesita una norma, sino también una estructura capaz de sostener investigaciones y respuestas concretas.
El gobernador presentó la iniciativa como “una herramienta necesaria para ordenar, planificar y fortalecer la persecución del narcomenudeo”. También remarcó que el nuevo esquema deberá mejorar la eficacia en la investigación de estos delitos. La definición ubica el problema en un punto operativo: no alcanza con reconocer el delito, sino que se busca reducir demoras, superposiciones y vacíos de intervención.
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La coordinación entre los tres poderes será uno de los aspectos centrales del proceso. La mesa estará integrada por representantes del Superior Tribunal de Justicia, el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio de la Defensa Pública, el Ministerio de Seguridad y Justicia, el Ministerio de Gobierno, la Asesoría General de Gobierno y legisladores provinciales. Esa composición muestra que la implementación requerirá acuerdos amplios, porque involucra investigación penal, defensa, seguridad, gestión política y producción normativa.
Torres sostuvo que el objetivo es “optimizar recursos, evitar superposiciones y mejorar la respuesta del Estado frente a una problemática compleja”. Esa frase resume el sentido práctico de la convocatoria, ya que el narcomenudeo suele cruzar competencias, jurisdicciones y capacidades de intervención. La apuesta provincial es ordenar esas responsabilidades para que las investigaciones puedan avanzar con menos dispersión institucional.
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La articulación con la Justicia Federal y las fuerzas de seguridad también formará parte del diseño. Aunque la Provincia busca asumir competencias sobre la venta minorista de drogas, el delito puede conectarse con circuitos más amplios de abastecimiento, distribución y organización. Por eso, el esquema deberá cuidar la trazabilidad de las investigaciones y evitar que el abordaje local quede desconectado de causas de mayor escala.
La medida se apoya en las leyes nacionales N° 23.737 y N° 26.052, que habilitan a las provincias a asumir competencias vinculadas con la investigación y persecución del narcomenudeo. Chubut buscará ahora definir cómo trasladar esa posibilidad legal a un sistema propio. El punto sensible será establecer qué recursos humanos, técnicos y judiciales se necesitan para que la desfederalización no quede solo como una transferencia formal de responsabilidades.
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El proceso también tendrá una dimensión territorial, porque la venta minorista de drogas impacta de manera distinta según cada localidad. Una estrategia provincial debe contemplar realidades urbanas, circuitos barriales y capacidades locales de intervención. La mesa tendrá que traducir esas diferencias en criterios comunes, sin perder la posibilidad de actuar según las particularidades de cada zona.
La convocatoria abre una etapa de trabajo político e institucional que todavía no tiene una ley definida. El Gobierno busca consolidar una estrategia sostenida en el tiempo, pero la efectividad dependerá del contenido del proyecto, del consenso legislativo y de la capacidad de implementación. El límite pendiente está en transformar la coordinación anunciada en un sistema real de investigación y persecución del narcomenudeo en Chubut.
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