La mesa técnica trabaja sobre 1.750 hectáreas municipales, con costos altos de intervención, presión por incendios forestales y una salida productiva.
La acumulación de material combustible dentro del bosque comunal empuja a Esquel a definir medidas concretas antes de que el riesgo forestal crezca sobre las zonas más sensibles. El municipio administra una superficie extensa, con sectores de bosque nativo incluidos, donde cada intervención requiere planificación técnica, recursos económicos y control posterior. La prioridad actual no pasa solo por producir madera, sino por reducir condiciones que pueden alimentar incendios en áreas de mayor exposición.
Esquel tiene bajo administración unas 1.750 hectáreas de bosque comunal, una escala que obliga a combinar prevención, manejo forestal y disponibilidad presupuestaria. Las tareas no se resuelven con una intervención aislada, porque los costos de trabajo en el monte son elevados y el margen municipal aparece condicionado por esas limitaciones. La discusión técnica busca ordenar qué sectores requieren acción primero, qué volumen de material conviene retirar y cómo evitar que el manejo deje nuevos riesgos en el terreno.
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La venta de madera en pie aparece como una alternativa para transformar parte del problema operativo en una salida productiva controlada. La idea consiste en otorgar parcelas a prestadores forestales para su aprovechamiento, siempre con una evaluación previa sobre densidad y calidad del recurso. Ese esquema no se presenta como una explotación abierta del bosque, sino como una herramienta posible para intervenir superficies donde la carga vegetal puede aumentar la exposición al fuego.
El punto más delicado está en las zonas de interfase, donde el bosque se acerca a espacios de uso humano y el riesgo de incendio adquiere otra dimensión. Allí, cualquier acumulación de ramas, restos secos o material combustible puede complicar la respuesta ante una emergencia. Por eso, la planificación combina criterios productivos con medidas preventivas, ya que el retiro de madera solo tiene sentido si reduce vulnerabilidades concretas.
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La responsable de Espacios Verdes del municipio, Carolina Lemir, participa de una mesa que ya concretó su cuarta reunión de trabajo. Ese dato muestra que la discusión dejó de ser una consulta puntual y pasó a organizarse como un espacio sostenido entre organismos técnicos, académicos y áreas estatales. La continuidad de las reuniones resulta central porque las decisiones sobre el bosque comunal requieren diagnósticos compartidos, no definiciones tomadas desde una sola oficina.
El grupo reúne al INTA, el CIFAP, la universidad con carrera forestal, la Asociación de Ingenieros Forestales y sectores de los gobiernos provincial y nacional vinculados al área. Esa composición permite cruzar información sobre manejo, prevención, aprovechamiento del recurso y condiciones ambientales del territorio. La presencia de perfiles técnicos también busca reducir el margen de improvisación en una superficie donde un error de planificación puede dejar más material inflamable del que se retira.
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Las reuniones se realizan cada dos o tres semanas con la intención de pasar del diagnóstico a acciones de corto y mediano plazo. Ese ritmo marca una urgencia operativa, aunque no elimina las restricciones económicas que pesan sobre cualquier tarea forestal. La definición de parcelas, la evaluación del recurso y la elección de prestadores deben resolverse con cuidado para que la salida productiva no desplace el objetivo principal de prevención.
El municipio plantea que toda intervención deberá ser integral y responsable, porque retirar madera sin ordenar el remanente puede dejar combustible disperso dentro del bosque. Ese criterio alcanza tanto a los sectores con bosque nativo como a las áreas donde la densidad forestal exige manejo específico. La discusión, entonces, no se limita a cuánto se puede vender, sino a qué tipo de trabajo deja el terreno en mejores condiciones frente al fuego.
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