Vaca Muerta: imputaron a 12 integrantes de Campo Maripe por bloquear una cantera

Policiales06/05/2026

La jueza Carina Álvarez avaló los cargos por turbación de la posesión, fijó cuatro meses de investigación e impuso prohibiciones de acercamiento.

Doce integrantes de la comunidad mapuche Campo Maripe quedaron imputados por el bloqueo de una cantera ubicada en la zona rural de Añelo, en un expediente que vuelve a cruzar reclamos territoriales, actividad privada y conflictividad en el área de Vaca Muerta. La acusación fue presentada por la fiscalía de Delitos Económicos, que les atribuyó el delito de turbación de la posesión en carácter de coautores. La jueza de Garantías Carina Álvarez avaló la formulación de cargos y abrió una investigación por cuatro meses.

La decisión judicial se conoció este miércoles, después de una audiencia que había comenzado el día anterior y quedó atravesada por un planteo de la defensa. El abogado Lef Nawel pidió recusar a la jueza, pero esa solicitud no prosperó. Con ese punto resuelto, la magistrada avanzó con la admisión de los cargos y con la aplicación de medidas de coerción durante el plazo de investigación.

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La teoría fiscal ubica el inicio del hecho el 24 de enero de 2026, cerca del mediodía. Según la acusación, las doce personas ingresaron a una cantera de la zona rural de Añelo y bloquearon el acceso al predio. En ese contexto, habrían interceptado a trabajadores que se dirigían al lugar para iniciar tareas de explotación.

El Ministerio Público sostuvo que el grupo no solo impidió el ingreso al establecimiento. También afirmó que los imputados amenazaron a los trabajadores con dañar e incendiar los vehículos en los que se movilizaban. Esa descripción fue incorporada como parte de la plataforma fáctica que la fiscalía buscará probar durante los próximos meses.

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El fiscal jefe Pablo Vignaroli y la asistente letrada Tanya Cid encabezaron la acusación durante la audiencia. También estuvieron presentes la fiscal del caso Rocío Rivero y la agente Aylinne Mora Marcos. La fiscalía puso a disposición denuncias, testimonios, actas policiales, registros audiovisuales y documentación vinculada a la titularidad del inmueble.

La ocupación del lugar, según el planteo fiscal, se habría extendido hasta el 5 de marzo. Durante ese período, los acusadores afirmaron que los integrantes de la comunidad permanecieron en el terreno “con estructuras precarias y relevo de personas, impidiendo de manera sistemática el acceso al propietario”. Para la fiscalía, esa permanencia sostuvo el bloqueo e impidió el desarrollo normal de la explotación.

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El titular del emprendimiento fue identificado como un empresario de apellido Acuña. Según la acusación, el cierre del paso provocó un perjuicio económico porque la cantera no pudo funcionar durante más de un mes. Ese punto será parte del análisis de la investigación, ya que la fiscalía deberá sostener el vínculo entre el bloqueo, la imposibilidad de acceso y el daño económico alegado.

La jueza Álvarez avaló la imputación por turbación de la posesión, pero no aceptó todo el encuadre propuesto por la acusación. Rechazó el agravante vinculado a la participación de personas menores de edad, al considerar que se trataba de un elemento “incidental” dentro del hecho investigado. De ese modo, la formulación quedó admitida sin esa agravante.

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Las medidas de coerción también quedaron vigentes por cuatro meses. Los imputados deberán abstenerse de realizar cualquier acto de turbación o bloqueo sobre los accesos al predio. Además, tienen prohibido mantener contacto con el denunciante, su familia y los trabajadores vinculados a la cantera.

La defensa también pidió la devolución de un vehículo secuestrado, pero la magistrada rechazó esa solicitud. Lo mismo resolvió frente a un segundo requerimiento para dejar sin efecto órdenes de secuestro sobre otros rodados. Álvarez consideró que esos vehículos podrían ser objeto de decomiso en caso de una eventual condena.

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El caso tiene un antecedente penal vinculado a la misma comunidad en la zona de Añelo. En 2019, seis integrantes de Campo Maripe fueron llevados a juicio por el ingreso a un predio privado ocurrido en noviembre de 2014. Primero fueron absueltos, luego esa decisión fue anulada por el Tribunal de Impugnación y finalmente fueron sobreseídos en 2020 por vencimiento del plazo procesal.

La nueva investigación queda ahora concentrada en probar si existió una ocupación con bloqueo del acceso a la cantera y si esa conducta produjo el perjuicio denunciado. La jueza habilitó a la fiscalía a avanzar, pero el expediente todavía está en una etapa inicial. El plazo de cuatro meses marcará el límite inmediato para reunir prueba, sostener la acusación o revisar el alcance de los cargos formulados.