Denunciaron a funcionarios nacionales por cerrar la causa de Lago Escondido con Lewis
Actualidad07/05/2026
Sergio BustosLa polémica por las tierras de Lago Escondido volvió a escalar después de una denuncia presentada contra funcionarios nacionales que participaron del acuerdo con la empresa de Joseph Lewis para cerrar la causa judicial vinculada a la compra de unas 12.000 hectáreas en Río Negro. La presentación sostiene que la decisión impidió avanzar sobre la legalidad de una operación cuestionada desde hace años por organismos públicos y sectores políticos.
La denuncia fue impulsada por la legisladora rionegrina Magdalena Odarda ante el Procurador de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez. El planteo apunta directamente a funcionarios del Ministerio del Interior que el pasado 14 de enero firmaron un acuerdo conciliatorio con la empresa Hidden Lake SA, propiedad del magnate británico Joseph Lewis, durante la feria judicial.
Ese entendimiento terminó con la acción de lesividad que el propio Estado nacional había iniciado a fines de 2023. La demanda buscaba declarar la nulidad de las autorizaciones que permitieron la compra de tierras en una zona considerada estratégica por tratarse de un área de frontera. La causa tramitaba en el juzgado contencioso administrativo federal 4 de Buenos Aires.
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Según la presentación, el juez Walter Lara Correa habilitó la feria judicial, homologó el acuerdo y declaró extinguida la acción sin avanzar sobre el análisis de fondo. Para Odarda, esa decisión dejó sin respuesta una discusión vinculada a la soberanía territorial y al acceso público al Lago Escondido, un reclamo que lleva décadas de conflicto en Río Negro.
La legisladora pidió que se investigue la conducta administrativa de los funcionarios que participaron del acuerdo y reclamó que se revisen tanto el entendimiento firmado como la sentencia que lo homologó. En la denuncia solicitó además que se evalúe “la eventual existencia de responsabilidades administrativas de los funcionarios intervinientes y, en su caso, la posible comisión de hechos con relevancia penal”.
El planteo también cuestiona que el expediente permanezca bajo carácter de reservado. Odarda sostuvo que esa situación impide el control público sobre una causa que involucra intereses sensibles vinculados al control de tierras en zona de frontera y al acceso a bienes de dominio público.
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La acción judicial que ahora quedó cerrada había comenzado después de que el Ministerio del Interior dictara en septiembre de 2023 una resolución que declaraba lesivas al interés general las autorizaciones otorgadas durante la década del noventa para la compra de esos terrenos. Esa decisión se apoyaba en informes de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, la Auditoría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y la Inspección General de Justicia.
En esos antecedentes, según recordó la legisladora, se concluía que los actos administrativos estaban afectados por “nulidad absoluta e insanable” debido a presuntas violaciones a normas de orden público vinculadas a defensa nacional y control de zonas fronterizas. La adquisición de las tierras se concretó durante los años noventa, cuando Carlos Menem ocupaba la Presidencia y Río Negro era gobernada por la UCR.
Odarda sostuvo que el acuerdo firmado este año modificó de hecho la posición que el propio Estado había sostenido hasta entonces. En la denuncia advirtió que el desistimiento de la acción judicial significó abandonar el criterio oficial que cuestionaba la legalidad de la operación inmobiliaria vinculada a Hidden Lake SA.
La presentación también remarca que el cierre de la causa evitó un pronunciamiento judicial sobre la compra de las tierras donde se encuentra Lago Escondido. Dentro de esa estancia, Lewis construyó una mansión y un complejo exclusivo que desde hace años permanece envuelto en controversias por las dificultades de acceso público al lago.
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