Argentina busca clausurar las maniobras de Burford en el juicio por YPF
Actualidad08/05/2026
REDACCIÓNEl Gobierno nacional busca ratificar el fallo de Nueva York que anuló la condena por la petrolera. Burford intenta recursos excepcionales ante la Justicia.
El Estado nacional percibe un alivio financiero sustancial debido a la caída de la sentencia récord que amenazaba las cuentas públicas por la estatización de la petrolera. La Corte de Apelaciones del Segundo Circuito de Nueva York resolvió revocar la condena de US$16.100 millones, una suma que ponía en riesgo la estabilidad del tesoro. El fallo del pasado 27 de marzo desestimó la base jurídica que utilizó la jueza Loretta Preska para favorecer a los fondos privados.
El fondo Burford Capital, principal beneficiario del reclamo original, busca ahora sostener la vigencia del pleito mediante recursos procesales de bajísima probabilidad. La firma anunció su intención de solicitar una revisión "en banc", lo que obligaría a todos los magistrados activos del tribunal a reexaminar el caso de manera conjunta. La propia empresa reconoció ante sus accionistas que este tipo de trámites resultan "estadísticamente difíciles" de conseguir en la justicia estadounidense.
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La Procuración del Tesoro de la Nación analizó esta jugada como una maniobra técnica carente de fundamentos sólidos para prosperar en la instancia superior. Los abogados oficiales sostienen que los requisitos para habilitar el pleno del tribunal son sumamente estrictos y no se cumplen en este expediente. El organismo gubernamental trabaja para que la victoria obtenida en la apelación se convierta en el punto final del conflicto.
Una de las alternativas que los demandantes pusieron sobre la mesa consiste en reactivar un arbitraje internacional ante el CIADI, un foro que ellos mismos abandonaron en el pasado. Para la defensa argentina, este movimiento representa un "nuevo e improcedente esfuerzo de los demandantes por pretender revivir, sin credibilidad alguna" un planteo ya liquidado por los jueces de Nueva York. El Estado nacional rechaza que se intente reabrir una vía que los propios actores descartaron voluntariamente en el año 2015.
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El argumento central que permitió revertir el fallo inicial residió en la inaplicabilidad de las leyes contractuales foráneas sobre la soberanía del país. El tribunal de alzada determinó que las pretensiones por incumplimiento de estatutos no eran válidas bajo el derecho argentino, lo que vació de contenido la demanda de los fondos Petersen y Eton Park. Esa interpretación técnica bloqueó la posibilidad de que el reclamo por daños prosperara en la jurisdicción norteamericana.
El negocio especulativo de Burford quedó expuesto tras el desplome de sus expectativas de cobro por una inversión que tuvo un costo original mínimo. El fondo adquirió los derechos para litigar contra la Argentina por apenas US$16 millones, con el objetivo de alzarse con una indemnización miles de veces superior. El reciente traspié judicial impactó de lleno en la valoración de estos activos, que ahora perdieron gran parte de su peso financiero.
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La estrategia argentina se enfoca en impedir que el litigio se traslade a nuevos foros internacionales mediante la doctrina de la jurisdicción elegida. La Procuración afirma que los demandantes ya recorrieron el camino que ellos mismos seleccionaron y deben aceptar el resultado adverso en las cortes de apelación. Esta postura busca blindar al Estado contra futuros intentos de hostigamiento procesal en tribunales de arbitraje comercial.
Los representantes técnicos del país ratificaron que el Gobierno agota "todas las alternativas necesarias para resguardar la posición argentina" frente a los fondos buitre. La meta inmediata consiste en consolidar los alcances del fallo del Segundo Circuito para que la protección de los recursos públicos sea irreversible. El equipo jurídico nacional mantiene una vigilancia constante sobre las presentaciones que todavía pueden realizar los abogados de Burford.
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El pleito por la petrolera de bandera se encuentra ahora en una zona de definiciones técnicas que marcarán el cierre definitivo del capítulo judicial más oneroso de la última década. Burford intenta ganar tiempo para no admitir la derrota total ante sus propios inversores, mientras la Argentina busca una resolución administrativa que clausure el expediente. El escenario futuro dependerá de si los tribunales neoyorquinos mantienen su criterio o si ceden ante las últimas presiones del fondo.
Fuente: NA.
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