Jueces y fiscales desembarcan en las aulas para frenar la violencia escolar

Referentes de la Justicia y equipos de protección iniciaron un ciclo de encuentros con alumnos y familias ante la preocupación por el impacto de los conflictos sociales en los colegios.

El salón de la Escuela 739 se convirtió este viernes en un espacio de debate directo entre el Poder Judicial y los adolescentes del ciclo orientado. En una jornada que buscó romper la distancia institucional, el juez de familia Santiago Huaiquil y el abogado de fiscalía Daniel Manríquez se sentaron con los estudiantes del turno tarde para desglosar cómo las tensiones externas terminan explotando en los pasillos escolares. La iniciativa surge como una respuesta urgente a la necesidad de entender las nuevas dinámicas de convivencia que afectan a la comunidad educativa.

Los especialistas hicieron hincapié en que lo que sucede dentro de los establecimientos es un reflejo directo de las crisis que atraviesan las familias y la sociedad en general. Durante la charla, se analizaron los cambios vertiginosos en la ciencia y la tecnología, además de cómo los nuevos modos de comunicación influyen en el comportamiento de los jóvenes. Los funcionarios coincidieron en que es imposible abordar la disciplina escolar sin tener un "registro sobre lo que ocurre afuera para entender lo que pasa adentro de las escuelas".

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Este abordaje no es un esfuerzo aislado de un solo sector, sino que forma parte de un bloque interinstitucional de amplio alcance. En el proyecto participan la Asesoría de Menores, el Ministerio Público de la Defensa, el Servicio de Protección de Derechos y los equipos de orientación a las trayectorias escolares. La meta es crear una red de contención que incluya a las cuatro escuelas secundarias de la zona, trabajando de manera coordinada ante episodios que superan la capacidad de respuesta de los directivos.

La presencia de figuras del ámbito judicial en las aulas intenta aportar una mirada legal y de derechos sobre situaciones que muchas veces se naturalizan. Durante el encuentro en la institución que lleva el nombre de la Dra. Beatriz Torres, los alumnos pudieron consultar sobre las repercusiones legales de ciertos actos y cómo la violencia digital se traslada a la realidad física del aula. La idea es que los adolescentes comprendan que sus acciones en el entorno tecnológico tienen consecuencias reales en su vida civil y escolar.

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El plan de trabajo continuará durante todo el mes de mayo con una agenda que saca el foco de los alumnos para ponerlo en los adultos responsables. El próximo lunes 11, la biblioteca de la Escuela 739 recibirá a los preceptores y profesores de orientación y tutoría (POT), quienes son el primer eslabón de detección en el día a día escolar. Se busca unificar criterios de actuación para que el personal de apoyo sepa exactamente cómo derivar o intervenir ante un conflicto de gravedad.

A partir del viernes 15, comenzará el ciclo de reuniones con las familias, un paso considerado vital por los organizadores para que el mensaje preventivo tenga coherencia en el hogar. El cronograma incluye visitas al Instituto Gobernador Fontana y a la Escuela Agropecuaria 725, donde se espera una participación activa de los padres. Los equipos técnicos sostienen que el acompañamiento familiar es el factor que hoy muestra mayores grietas en el sistema preventivo actual.

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La red interinstitucional también integró a la Escuela Hospitalaria y a la Supervisión Técnica de la Región V para asegurar que el seguimiento de los casos sea continuo. No se trata solo de charlas informativas, sino de establecer protocolos de intervención rápida que eviten que las discusiones escalen a niveles de violencia física o exclusión. La pluralidad de los equipos busca que el abordaje sea pedagógico pero con un fuerte respaldo de las leyes de protección de minoridad.

El último tramo de este ciclo de encuentros está previsto para el martes 19 y miércoles 20 de mayo, cerrando con una reunión técnica en la biblioteca de la Escuela Para Jóvenes y Adultos 756. Allí, todos los organismos involucrados realizarán un balance de lo escuchado en las aulas y en las asambleas de padres para ajustar las políticas de convivencia. La recopilación de estas experiencias servirá para diseñar un mapa de riesgos que identifique los puntos críticos de fricción social en la zona.