Santa Cruz busca prohibir por ley los cortes de gas a jubilados y familias vulnerables

Política10/05/2026

El proyecto "Invierno Digno" ingresó a la Legislatura con un esquema que impide interrumpir el suministro por falta de pago durante los meses de frío. La iniciativa propone financiar el consumo mediante regalías hidrocarburíferas y multas a las empresas concesionarias.

Las prestadoras de servicio de gas en Santa Cruz no podrán suspender el suministro a hogares con personas mayores, niños o personas con discapacidad, incluso si registran deudas pendientes. El proyecto de ley denominado "Invierno Digno y Justicia Energética" tomó estado parlamentario en la Legislatura provincial, planteando un blindaje absoluto para los sectores que atraviesan situaciones de vulnerabilidad climática. La propuesta establece que, bajo ningún punto de vista, se podrá disponer el corte cuando exista un riesgo concreto para la salud o la vida de los residentes.

El eje de la iniciativa es la declaración del acceso al gas domiciliario como de "interés público provincial", reconociendo que las bajas temperaturas de la región convierten a la energía en un derecho humano básico y no en una simple mercancía. Para sostener este esquema, el texto impulsa la creación del Fondo Provincial para la Equidad Energética. Este capital no dependerá de partidas discrecionales, sino que se integrará con un porcentaje de las regalías hidrocarburíferas, aportes de responsabilidad social empresaria y las multas que se apliquen a las propias concesionarias.

OTRAS NOTICIAS:

La protección que propone el proyecto excede las cuatro paredes del hogar y se extiende a la vida social de los barrios. Se contempla una "tarifa comunitaria" y programas especiales de asistencia para clubes de barrio, comedores escolares, centros de jubilados y entidades de bien público. Con este capítulo, la ley busca garantizar que las instituciones que cumplen funciones sociales en cada localidad santacruceña no queden paralizadas por los altos costos derivados de las necesidades permanentes de calefacción.

En cuanto a la gestión de la deuda, el proyecto es tajante: el servicio no podrá restringirse sin antes agotar mecanismos de "regularización, refinanciación y acompañamiento". Las empresas estarán obligadas a notificar de manera fehaciente a las autoridades provinciales antes de cualquier acción comercial, permitiendo que el Estado intervenga con un diagnóstico de vulnerabilidad socioeconómica. Se prevé, además, un régimen especial de alivio que incluya planes de pago "sin interés" y la suspensión de punitorios para quienes no puedan afrontar las facturas.

OTRAS NOTICIAS:

La burocracia suele ser la principal barrera para los beneficios sociales, pero esta iniciativa plantea una solución digital. Se propone un Programa Provincial de Compensación y Protección Tarifaria donde la incorporación de los beneficiarios sea automática. Mediante un sistema de "interoperabilidad de datos" entre municipios, provincia y Nación, los jubilados con haberes mínimos, trabajadores informales y desocupados recibirán la asistencia sin necesidad de realizar trámites complejos en oficinas públicas.

El proyecto también establece un seguro legal ante posibles cambios en la política energética nacional. Bajo el principio de "no regresividad", la ley dispone que si el Gobierno Nacional decidiera realizar modificaciones que afecten los derechos sociales de los santacruceños, la administración provincial deberá adoptar medidas compensatorias de inmediato. Esto asegura que se mantengan estándares equivalentes o superiores de protección energética, sin importar el rumbo de las decisiones que se tomen fuera de la frontera provincial.

OTRAS NOTICIAS:

Para los habitantes de comunidades aisladas o rurales, la normativa incorpora un enfoque intercultural y de equidad territorial. El objetivo es evitar que existan "segmentaciones regresivas" que excluyan arbitrariamente a ciertos sectores por su ubicación geográfica. La autoridad de aplicación deberá articular con las áreas sociales para realizar un monitoreo constante del acceso seguro y económicamente accesible al gas y a fuentes energéticas sustitutivas en todo el territorio.

La "Justicia Energética" que menciona el texto legislativo busca equilibrar la balanza entre la capacidad de pago y la necesidad de supervivencia. El proyecto remarca que las políticas públicas provinciales deberán regirse por el criterio de "progresividad", lo que implica que el Estado debe avanzar siempre hacia una mayor cobertura. De esta manera, Santa Cruz busca blindarse ante las crisis económicas globales o nacionales que ponen en riesgo el sostenimiento de los hogares durante los crudos inviernos patagónicos.