Echan de la fuerza a un policía condenado por distribuir material de abuso infantil

El Ministerio de Seguridad suspendió al efectivo tras una sentencia de tres años de prisión en suspenso. El agente deberá someterse a tratamiento psicológico obligatorio y tendrá prohibido el consumo de alcohol y drogas.

Un efectivo policial que cumplía funciones en una dependencia de Río Gallegos fue apartado de su cargo de manera inmediata tras conocerse una sentencia judicial que lo halló culpable de delitos graves. La Cámara en lo Criminal y Correccional de la Primera Circunscripción determinó que el hombre es responsable de la "distribución de imágenes de abuso sexual infantil". Ante la confirmación del fallo, la cartera de seguridad provincial activó las actuaciones administrativas para formalizar la suspensión y retirar al agente del servicio activo.

La condena impuesta por los jueces establece una pena de "tres años de prisión de ejecución condicional", lo que implica que el ahora ex policía no irá a la cárcel, pero deberá cumplir reglas de conducta estrictas. El fallo lo considera autor penalmente responsable del delito tipificado en el "artículo 128, primer párrafo, del Código Penal de la Nación". Esta situación procesal obligó a las autoridades políticas a tomar medidas de fondo para evitar que una persona con este perfil criminal continúe portando uniforme.

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Durante el tiempo que dure la condena, el sujeto tendrá la obligación de fijar residencia y quedar bajo el monitoreo constante del "Patronato de Liberados y Excarcelados de la provincia". Las restricciones son severas y buscan garantizar que el condenado no reincida ni mantenga conductas de riesgo en la vía pública. Entre las imposiciones judiciales, figura la de "abstenerse del consumo de estupefacientes y del abuso de bebidas alcohólicas" de manera permanente.

El sistema judicial también ordenó que el implicado deba "someterse a tratamiento médico o psicológico" para abordar la patología vinculada a los delitos por los que fue juzgado. Esta medida busca monitorear la salud mental del ex oficial mientras se encuentra en libertad condicional. La supervisión administrativa correrá en paralelo al control judicial, asegurando que el apartamiento de la institución sea definitivo en caso de que la junta de disciplina así lo determine.

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Desde el Ministerio de Seguridad santacruceño emitieron una postura oficial tajante respecto al futuro de los agentes que violan la ley. La institución ratificó que se actuará con la "máxima firmeza, sin excepciones ni privilegios de ningún tipo" frente a casos de esta índole. El mensaje intenta reconstruir la confianza pública tras el escándalo que supone tener a un distribuidor de material de abuso infantil dentro de las filas encargadas de la prevención.

La transparencia y la legalidad fueron los ejes del comunicado difundido por la cartera, donde se aclaró que no habrá lugar para conductas que atenten contra la ética institucional. Los funcionarios remarcaron que "cada integrante de la fuerza responda ante la Justicia" es una garantía que debe cumplirse a rajatabla para mantener la integridad de la fuerza. El proceso administrativo contra el efectivo de Río Gallegos ya se encuentra en su etapa final de resolución tras la prueba recolectada en el juicio.

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La inhabilitación administrativa para ejercer cargos públicos es el paso siguiente que se espera en el legajo del condenado. Los mecanismos internos de la provincia buscan cerrar cualquier resquicio que permita el retorno de agentes condenados mediante apelaciones técnicas. La firmeza exhibida en este caso pretende sentar un precedente para otros expedientes que se tramitan en las oficinas de asuntos internos de la fuerza provincial.