Empresarios relacionados a la causa ANDIS declararán por compras con sobreprecios del 4.239%

El desvío de fondos en la Agencia Nacional de Discapacidad llega a Comodoro Py con una ronda de indagatorias. Facturas infladas y proveedores amigos bajo la lupa.

Un andador ortopédico que cualquier ciudadano compra en una farmacia de barrio le costó al Estado nacional hasta cuarenta veces más de su valor real de mercado. La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) validó pagos con sobreprecios de hasta 4.239% en insumos críticos como sillas de ruedas y prótesis, según los datos técnicos que ahora analiza la justicia federal. Esta brecha abismal entre los precios de referencia y los montos facturados disparó una ronda de citaciones para los dueños de las principales ortopedias que operan con el organismo.

El juez Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi centran sus preguntas en un grupo selecto de proveedores que concentraron las adjudicaciones de mayor volumen económico. Entre los nombres que deberán desfilar por los tribunales de Retiro aparece Osmar Caballi, quien ocupó el cargo de director general de la agencia durante la gestión de Alberto Fernández. Su situación es particular porque, además de su paso por la función pública, se lo vincula como socio mayoritario de Farma Salud, una empresa que “ganó” alrededor de $7.900 millones en contratos oficiales bajo sospecha.

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El desfile de empresarios continuará con los integrantes de la familia Sagués, propietarios de una de las firmas más beneficiadas por las compras directas del organismo durante el período investigado. Mariano Sagués y Christian Sagués tienen fecha para presentarse el martes 12 de mayo, mientras que Vicente Sagués y Lucas Sagués lo harán al día siguiente según el cronograma judicial. La justicia busca determinar si existía una relación previa que facilitara el acceso a estos contratos millonarios con valores que el Ministerio de Salud ya calificó como “injustificables”.

La documentación que motoriza la causa surgió de un relevamiento técnico que contrastó las facturas estatales con los catálogos comerciales vigentes al momento de cada compra de insumos. Los peritos contables detectaron que el sistema de erogaciones no respetó ningún parámetro de razonabilidad económica ni de transparencia mínima en la competencia de precios. Esta disparidad no se limitó a un solo rubro, sino que afectó a toda la cadena de suministros destinados a personas con necesidades motrices o de rehabilitación severa.

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Además de la familia Sagués, el juzgado puso el foco sobre los directivos de otras compañías de peso en el sector como MED-EL, Ortopedia Alemana, New Farma y Profarma. Humberto Maone, gerente de MED-EL Latinoamérica S.R.L., es otro de los convocados para explicar la mecánica de facturación y el vínculo comercial directo con la agencia. La lista de citados se completa con Javier Bernat, Fernando Bernat y Gustavo Bernat, responsables de Ortopedia Bernat, quienes también deberán justificar ante el fiscal los montos cobrados por sus productos.

Una de las líneas de investigación más inquietantes apunta al sistema de prestaciones de alto costo, identificado en el expediente bajo la sigla PACBI. Los investigadores sospechan que en este rubro funcionó un esquema de contrataciones paralelas diseñado para direccionar fondos hacia un puñado de firmas amigas sin controles cruzados. El análisis judicial busca establecer si hubo intermediaciones innecesarias que encarecieron el producto final sin aportar un valor agregado real a la prestación de salud del beneficiario.

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El impacto de estas maniobras no es solo contable, ya que afecta directamente la eficiencia de un organismo sensible para la integración social en la Argentina. Mientras los expedientes acumulaban cifras con sobreprecios del 4.239%, la disponibilidad de recursos para nuevos beneficiarios quedaba condicionada por el drenaje de fondos hacia las empresas proveedoras. La disparidad de precios encontrada sugiere que el control estatal falló de manera deliberada en cada instancia de supervisión interna del organismo que debe velar por la discapacidad.

La fiscalía de Franco Picardi rastrea ahora si existieron ventajas administrativas sistemáticas, como pliegos diseñados a medida de ciertos proveedores o plazos de entrega que solo estas empresas podían cumplir. Los testimonios de los empresarios serán fundamentales para entender quiénes fueron los interlocutores dentro del Estado que validaron facturas con valores exorbitantes sin cuestionar los presupuestos. La documentación de cada operación será cruzada con los registros contables de las ortopedias para verificar si el dinero tuvo destinos no declarados oficialmente.

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El avance del proceso judicial entrará en una etapa de definiciones una vez que concluya esta ronda de indagatorias a los proveedores y exfuncionarios citados. El límite para los investigadores radica ahora en convertir los informes administrativos del Ministerio de Salud en pruebas de responsabilidad penal que resistan la instancia de un juicio oral. El escenario permanece incierto respecto a la trazabilidad de los pagos y sobre cuánto de ese dinero podrá ser recuperado si se comprueba el fraude masivo contra la administración pública.

Fuente: NA.