Trece universidades nacionales pierden sus obras por un ajuste de 78.000 millones

Actualidad11/05/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

La medida oficial golpea la alfabetización, las becas y el fondo de incentivo docente. La Universidad de La Plata es la más perjudicada por la quita.

Universidad Nacional de La Plata
Universidad Nacional de La Plata

La Universidad Nacional de La Plata dejará de percibir los 1.043.000.000 de pesos que tenía asignados para sus proyectos de infraestructura y mejora edilicia durante este año. El recorte total para las transferencias de capital orientadas al conocimiento suma 5.303.000.000 de pesos, afectando el desarrollo físico de trece casas de altos estudios distribuidas en todo el país. La interrupción de estas partidas presupuestarias obliga a los rectores a revaluar el cronograma de sus obras ante la desaparición del financiamiento estatal directo.

El ajuste más severo en términos nominales recayó sobre el “Plan Nacional de Alfabetización”, una iniciativa que el propio Poder Ejecutivo había presentado meses atrás como el eje central de su política educativa. La poda de 35.288.051.713 de pesos retira recursos fundamentales que debían llegar a las provincias para sostener la implementación territorial de esta enseñanza básica. Esta decisión administrativa reduce la capacidad de las jurisdicciones para cumplir con los objetivos pedagógicos planteados originalmente por el Gobierno nacional.


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Las administraciones provinciales también deberán afrontar la desaparición del “Fondo de Compensación Salarial Docente”, una herramienta que inyectaba 8.929.835.294 de pesos para nivelar los sueldos mínimos en los distritos con menos recursos. Al eliminarse este mecanismo de auxilio financiero, el margen de asistencia nacional sobre los salarios queda reducido al mínimo en un momento de alta sensibilidad paritaria. La medida traslada toda la responsabilidad del sostenimiento de los haberes a las arcas provinciales, que ya se encuentran bajo una fuerte presión fiscal por la caída de otras transferencias.

El deterioro de los edificios escolares primarios y secundarios encontrará un nuevo obstáculo tras el recorte de 21.686.636.818 de pesos en la partida de infraestructura y equipamiento educativo. Esta quita de fondos se suma al freno de las obras universitarias, unificando todos los niveles del sistema bajo una misma lógica de retracción de la inversión pública. La falta de estos recursos impedirá la compra de material didáctico tecnológico y la realización de mejoras estructurales urgentes en establecimientos que requieren mantenimiento constante.


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La permanencia de los sectores más vulnerables dentro de las aulas también queda comprometida con la reducción de 6.649.536.538 de pesos en el área de políticas socioeducativas. De ese total, más de 559 millones de pesos corresponden a becas estudiantiles, una prestación que impacta directamente sobre las trayectorias de los jóvenes que necesitan apoyo económico para no abandonar sus estudios. Esta reducción de fondos afecta programas que operan sobre la continuidad escolar, transformando una planilla técnica en una barrera real para el acceso a la educación superior.

El desmantelamiento del perfil tecnológico de la educación nacional se profundiza con la quita de transferencias a la empresa estatal EDUC.AR S.A. por un monto consolidado de 48.000.000.000 de pesos. Este ajuste se suma al achicamiento de diversos programas pedagógicos digitales que permitían la integración de herramientas modernas en las escuelas públicas de todo el territorio. La decisión oficial limita la capacidad de intervención del Estado en la formación digital de los alumnos, un rubro que se considera estratégico para el desarrollo profesional futuro.


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El mapa del ajuste universitario muestra un impacto federal que alcanza a instituciones como la Universidad Nacional de General San Martín y la de Avellaneda, que pierden 700.000.000 de pesos cada una. En el interior, la Universidad Nacional de Río Cuarto sufrió un recorte de 680.500.000 de pesos, mientras que la Universidad Nacional de Entre Ríos se quedó sin 540.000.000 de pesos para sus proyectos de infraestructura. Estas cifras evidencian que el recorte de recursos no se concentra en una sola región académica, sino que golpea a casas de estudio distribuidas en diversas provincias.

La formalización de este recorte masivo se dio a través de la Decisión Administrativa 20/2026, una norma que reconfigura todo el Presupuesto General de la Administración Nacional para el ejercicio corriente. Los anexos de la medida detallan cómo la Secretaría de Educación perdió un total de 78.768.179.759 de pesos mediante un único movimiento administrativo en el Boletín Oficial. Este reordenamiento de las cuentas públicas coloca a la educación como uno de los sectores que mayor peso debe cargar en la reestructuración financiera del Estado.


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La capacidad de las escuelas y universidades para absorber esta caída drástica de recursos sin resentir el dictado de clases es hoy la mayor incógnita del sector educativo. La parálisis de las obras de infraestructura suele tener efectos acumulativos negativos cuando se interrumpe su financiamiento de forma abrupta por parte de la Nación. El límite operativo queda ahora del lado de las provincias, que deberán decidir si pueden suplir con fondos propios el vacío que deja el retiro de programas de alfabetización y asistencia salarial docente.

Fuente: NA.

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