La Policía los notificó como contraventores luego de hallar mensajes pintados en la sede de Protección de Derechos, sobre Dorrego al 1600.
La fachada de la Oficina de Protección de Derechos del Niño volvió a quedar marcada por pintadas vinculadas al caso de Ángel Nicolás López, el nene de 4 años cuya muerte investiga la Justicia. El episodio ocurrió el domingo por la tarde en el edificio ubicado sobre Dorrego al 1600, en la zona de Dorrego y Alem. La intervención policial terminó con dos personas demoradas y notificadas por una presunta infracción contravencional.
Los demorados fueron identificados como Luis Armando López, de 34 años, padre del niño fallecido, y Lorena Natalia Andrade, de 40, madrastra de Ángel. Ambos quedaron imputados por una presunta infracción al artículo 112 del Código de Convivencia Ciudadana. La medida no implicó una detención por delito penal, pero sí una notificación formal por el daño atribuido al edificio público.
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El aviso que activó el procedimiento surgió de un empleado de seguridad que alertó sobre personas realizando pintadas en el lugar. Al llegar al edificio, los efectivos encontraron a un hombre y una mujer con pinceles y aerosoles. Según la información disponible, ambos fueron vinculados a las inscripciones hechas sobre paredes y vidrios de la sede pública.
Las pintadas aparecieron con pintura negra y contenían expresiones relacionadas con la causa por la muerte de Ángel. Entre los mensajes se leía “asesinas”, además de referencias directas al expediente judicial que mantiene detenidas a dos personas. Esas leyendas quedaron incorporadas al reporte policial como parte del daño denunciado.
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La causa principal por la muerte del niño tiene detenida a su madre biológica, Mariela Altamirano, y a su pareja, Michel González. Ese expediente sigue bajo investigación judicial y concentra el reclamo de familiares y allegados. Las pintadas en la oficina pública aparecieron como una derivación del enojo y del pedido de respuestas alrededor del caso.
La denuncia por las pintadas sostiene que el daño sobre el edificio fue manifiesto. También señala que las inscripciones no ocurrieron como un hecho aislado, porque el lugar ya había sido limpiado y repintado en otras oportunidades. Esa reiteración fue tomada como parte del contexto que motivó la intervención policial del domingo.
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El procedimiento quedó encuadrado en una falta contravencional, no en una medida de detención por un delito mayor. Por eso, López y Andrade fueron demorados, notificados y luego quedaron sujetos al trámite correspondiente. La actuación policial se concentró en preservar el edificio público y documentar las herramientas utilizadas para realizar las pintadas.
El edificio de Protección de Derechos quedó en el centro de una situación sensible porque su función está vinculada a intervenciones sobre niñez. Las pintadas dirigieron el reclamo hacia una institución pública, aunque la investigación por la muerte de Ángel continúa en el ámbito judicial. Esa superposición entre dolor familiar, demanda de respuestas y daño material derivó en una actuación contravencional.
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