Citan a Hugo Sigman a indagatoria por los contratos de las vacunas COVID
Policiales12/05/2026
REDACCIÓNEl juez Ariel Lijo investiga presuntas irregularidades en la provisión de dosis durante la pandemia. El llamado coincide con un cambio profundo en el régimen de patentes medicinales.
Hugo Sigman deberá presentarse el próximo 19 de mayo ante el juzgado federal de Ariel Lijo para responder por su rol en la provisión de insumos sanitarios durante la emergencia sanitaria. El dueño del Grupo Insud llega a esta instancia por una denuncia impulsada por el fiscal Carlos Stornelli, quien investiga una posible matriz de corrupción y tráfico de influencias. Esta citación marca el punto de mayor tensión judicial para el empresario que concentró gran parte de la producción local de la vacuna de AstraZeneca.
El llamado a declarar ocurre en medio de un viraje drástico en la política de propiedad intelectual impulsado por el Ministerio de Desregulación, que busca desarmar el esquema que favoreció a la industria nacional. Mediante la Resolución Conjunta 1/2026, el Gobierno derogó los criterios restrictivos de 2012 para devolver al INPI la facultad de analizar patentes bajo estándares internacionales. Mientras tanto, la familia Sigman-Gold sostiene un patrimonio de US$6.300 millones, consolidado bajo normativas que hoy están en plena etapa de revisión oficial.
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La lista de indagatorias involucra también a la cúpula que manejó la salud pública durante el período de mayores restricciones por el virus. El magistrado convocó a la exministra Carla Vizzotti, a la exasesora Cecilia Nicolini y al infectólogo Pedro Cahn, entre otros excolaboradores del Poder Ejecutivo. La fiscalía intenta determinar si las decisiones tomadas durante la crisis demoraron deliberadamente el ingreso de otras marcas, como Pfizer, para beneficiar los acuerdos con el laboratorio mAbxience.
El peso político del sector farmacéutico quedó expuesto recientemente en la Cámara de Diputados, donde el lobby local logró congelar una parte sensible del tratamiento del Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). Los legisladores accedieron a suspender de forma provisoria el Capítulo II, el apartado que más preocupaba a las empresas nacionales por su impacto en la protección de medicamentos. Esta decisión parlamentaria permitió un avance administrativo del acuerdo sin golpear de lleno a un sector que suele tener influencia directa en los años electorales.
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La trayectoria de Sigman permite entender por qué la defensa de las patentes locales es un tema de supervivencia para el empresariado tradicional del país. Fundó Chemo en Barcelona a fines de los setenta, aprovechando que en España e Italia la legislación permitía producir principios activos sin pagar regalías de forma estricta. Hoy, ese mismo modelo de negocios que permitió el nacimiento de un imperio con presencia en 50 países se enfrenta a un Gobierno que busca acercar la normativa argentina a las exigencias de Estados Unidos.
La disputa regulatoria pone en guardia a otros gigantes del mercado interno como Roemmers, Bagó y Elea, que operan bajo la lógica de biosimilares y genéricos. Si la Argentina otorga mayor protección a inventores internacionales como Pfizer o Roche, el costo operativo para los laboratorios locales aumentará por el pago de derechos. Desde la cámara CILFA sostienen que una apertura brusca del régimen de patentes podría tensionar la sustentabilidad del sistema de salud y el acceso de la población a drogas de bajo costo.
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El expediente judicial profundiza además en el funcionamiento de plantas como la de Garín, donde se fabricó el principio activo destinado a toda Latinoamérica. También se analiza el rol de Sinergium Biotech, otra pata del holding de Sigman que se consolidó como proveedor excluyente de vacunas antigripales para el Estado. La justicia busca pruebas de un posible conflicto de intereses en el que las decisiones de emergencia habrían favorecido la concentración de contratos en estas firmas específicas.
Desde sectores del Poder Ejecutivo nacional afirman que los precios de los medicamentos en el país superan con creces los valores internacionales para un mismo principio activo. Argumentan que la falta de competencia real, protegida por el esquema de patentes anterior, distorsionó el mercado local en perjuicio de los consumidores. Esta lectura económica es la que sustenta la prisa oficial por ratificar acuerdos internacionales y desregular el ingreso de innovadores que compitan con la industria de genéricos.
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El resultado de la indagatoria a fines de mayo definirá si la causa por las vacunas se limita a un reproche por la gestión de la crisis o si expone una relación estructural entre el poder y los laboratorios. La Justicia deberá demostrar si existió una matriz de corrupción o si las irregularidades detectadas fueron producto de la excepcionalidad de la emergencia sanitaria. Mientras tanto, el negocio farmacéutico atraviesa su transformación más importante de los últimos treinta años con su principal referente sentado en el banquillo.
Fuente: NA.
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