Nueve y siete años de cárcel para los captores de un anciano en Paso de Indios
Policiales12/05/2026
REDACCIÓNLa Justicia dictó sentencia tras el veredicto del jurado popular por el caso de servidumbre que despojó de sus bienes y su salud a un hombre de 74 años.
Un cuerpo de apenas 40 kilos y una estatura de 1,45 metros fueron las coordenadas físicas que encontró el personal de salud de Paso de Indios cuando logró rescatar a Adolfo Yancamil. El hombre, que hoy tiene 75 años, fue hallado con un cuadro de deshidratación severa y marcas de golpes que evidenciaban meses de un trato inhumano. Este martes, ese horror médico se transformó en una condena efectiva para sus captores, quienes lo mantuvieron bajo un régimen de explotación absoluta.
El juez penal Gustavo Daniel Castro decidió apartarse de los mínimos legales solicitados por la defensa y aplicó una sanción de 9 años de prisión para Marta Beatriz Caucamán y 7 años para su hijo, Juan José Ovejero. La sentencia se fundamenta en la extrema vulnerabilidad del damnificado y en el tiempo que duró el sometimiento. Para el magistrado, los acusados incurrieron en una "verdadera cosificación de la víctima", tratándola como un objeto de renta y trabajo manual sin derecho a la autonomía.
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La maniobra de los ahora condenados no fue impulsiva, sino que comenzó con una estafa financiera planificada en diciembre de 2022 bajo la excusa de un viaje médico a Esquel. Allí, Caucamán logró que el jubilado retirara un préstamo de $150.000 que ella capturó de inmediato para gastos personales, dejando al hombre sin margen de maniobra económica. No conformes con el efectivo, los imputados convencieron a Yancamil de vender su propia casa, lo que terminó de sellar su destino al quedar en situación de calle.
Una vez que el anciano fue trasladado al domicilio de los victimarios, en la esquina de 9 de Julio y Sarmiento, el supuesto cuidado familiar se convirtió en un campo de concentración doméstico. El hombre era obligado a realizar tareas rurales pesadas, como el corte de leña y la remoción de postes, actividades que su cuerpo desgastado no podía soportar sin consecuencias. Durante ocho meses, el control fue total y el despojo económico alcanzó incluso la venta irregular de su vehículo, un Renault Megane, por el cual nunca vio un centavo.
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Los castigos por desobedecer o no rendir físicamente incluían torturas psicológicas y físicas que el jurado popular ya había dado por probadas de forma unánime semanas atrás. Yancamil debía permanecer "arrodillado sobre pedregullo durante horas" mientras le negaban el acceso al agua y a la comida básica. Este sistema de sometimiento incluía el traslado mensual del anciano al banco para que cobrara su jubilación, dinero que le era sustraído mediante amenazas de golpes permanentes.
La libertad de la víctima llegó por un golpe de azar institucional cuando un agente de policía notó el deterioro extremo del hombre mientras este realizaba un recado fuera de la vivienda de los condenados. El traslado al hospital local confirmó que el daño no era solo patrimonial, sino que se había puesto en riesgo su vida de manera inminente. Los médicos certificaron las contusiones múltiples que respaldaron el cargo de lesiones leves, que se sumó al delito principal de reducción a la servidumbre.
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En su fallo, el juez Castro enfatizó que el nivel de injusticia cometido requería penas que superaran el piso previsto por el Código Penal para estos casos. La decisión busca enviar un mensaje claro sobre los crímenes que ocurren en el interior provincial, donde el aislamiento suele jugar a favor de los abusadores. La justicia ratificó que "el abuso sistemático de la fragilidad humana en contextos de aislamiento rural no quedará impune", marcando un precedente para la región de la meseta.
La condena de Caucamán y Ovejero cierra un capítulo procesal que requirió el esfuerzo de doce ciudadanos comunes integrados en un jurado popular. El veredicto unánime de culpabilidad ya había allanado el camino para que el magistrado aplicara hoy los montos de prisión efectiva. Mientras los responsables comienzan a cumplir sus penas, la comunidad de Paso de Indios procesa las secuelas de un caso que dejó al descubierto la crudeza de la trata laboral doméstica.
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