Constructoras de la causa Cuadernos vuelven a competir por rutas nacionales

Policiales12/05/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

Empresas mencionadas en investigaciones por coimas en obra pública ofertaron para operar corredores viales bajo el modelo privado del Gobierno.

Tribunales de Comodoro Py (NA)
Tribunales de Comodoro Py (NA)

Empresas mencionadas en la Causa de los Cuadernos volvieron a aparecer dentro de una licitación vial nacional, esta vez para operar corredores estratégicos bajo el esquema de concesiones privadas impulsado por el Gobierno de Javier Milei. La convocatoria forma parte del proceso de privatización de Corredores Viales y alcanza unos 2.500 kilómetros de rutas nacionales. El dato político surge del contraste entre la presencia de constructoras históricas del negocio de la obra pública y el discurso oficial contra la llamada “patria contratista”.

La apertura de sobres correspondió a la Etapa II-B de la Red Federal de Concesiones. En ese tramo se registraron 41 ofertas presentadas por 17 competidores para operar rutas nacionales y accesos de alto tránsito. La licitación incluye sectores de las rutas 7, 8, 9, 33, 35, 36, 188 y otros corredores ubicados entre Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe, San Luis y La Pampa.


El Gobierno busca trasladar la operación de esos tramos al sector privado mediante contratos de concesión. El ministro de Economía, Luis Caputo, defendió el esquema al afirmar que el objetivo es “reemplazar gasto público por inversión privada”. La frase resume la lógica económica del proceso, aunque la nómina de oferentes volvió a colocar en escena a empresas con antecedentes en expedientes ligados a la obra pública.

Entre las firmas que participaron figura Autovía Construcciones y Servicios (ACS), vinculada al grupo de la familia Cartellone. Ese conglomerado integra el grupo de actores históricos de la infraestructura argentina y fue mencionado en expedientes relacionados con la causa Cuadernos. Su presencia en la licitación muestra que el nuevo modelo no excluye por sí mismo a compañías investigadas o nombradas en causas judiciales previas.


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También presentó oferta José J. Chediack, ligada al empresario José Chediack, ex titular de la Cámara Argentina de la Construcción. El empresario fue alcanzado por investigaciones derivadas del expediente sobre presuntos pagos ilegales en la obra pública. La participación de esa compañía vuelve a conectar la licitación vial con nombres que ya ocuparon un lugar relevante en el circuito tradicional de contratistas del Estado.

Otro de los grupos anotados fue Roggio, un actor histórico del negocio de infraestructura y transporte. Directivos de ese grupo también quedaron involucrados en actuaciones vinculadas a la investigación originada en los cuadernos del exchofer Oscar Centeno. La empresa compite ahora dentro de un esquema que el oficialismo presenta como una etapa distinta para la administración de rutas nacionales.


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La nómina incluyó además a Panedile, propiedad del empresario Hugo Dragonetti, y a Rovella Carranza, ambas con amplia trayectoria en contratos de obra pública. También aparece CPC, firma perteneciente al Grupo Indalo de Cristóbal López, con expansión previa en obras viales, energéticas y civiles durante gobiernos kirchneristas. La lista reúne así compañías con peso técnico, experiencia en infraestructura y antecedentes políticos sensibles.

El procedimiento se organizó mediante dos sobres. Uno contiene los antecedentes técnicos y la capacidad operativa de los oferentes, mientras el otro reúne la propuesta económica que deberá detallar la tarifa de peaje para cada corredor. Esa instancia será determinante para conocer cuánto pagarán los usuarios cuando se definan las adjudicaciones.


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La dimensión del plan excede esta etapa puntual. El oficialismo prevé licitar unos 9.000 kilómetros de rutas nacionales durante 2026 bajo el nuevo modelo de concesiones privadas. La Etapa II-B funciona como parte de ese rediseño mayor, en el que la infraestructura vial pasa a depender de operadores privados y de ingresos asociados al cobro de peajes.

El vocero presidencial Manuel Adorni había presentado la privatización de Corredores Viales con una definición tajante: “se terminó la patria contratista”. La aparición de constructoras mencionadas en la causa Cuadernos vuelve más incómodo ese enunciado oficial. El proceso seguirá ahora con la evaluación de antecedentes, ofertas económicas y condiciones de operación para definir qué empresas quedarán al frente de los corredores.

Fuente: N A

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