La reducción presupuestaria alcanza casi $49.000 millones y afecta programas de alistamiento, reequipamiento militar, transporte, helicópteros navales y logística antártica.
El Gobierno nacional aplicó un recorte de casi $49.000 millones en partidas del área de Defensa, apenas una semana después del anuncio del Plan ARMA, el programa presentado para modernizar las capacidades de las Fuerzas Armadas. La medida quedó formalizada mediante la Decisión Administrativa 20/2026 y abrió interrogantes sobre el financiamiento real del reequipamiento militar.
El ajuste impacta sobre programas de alistamiento operativo, bienes de uso, equipamiento militar, transporte, comunicaciones, maquinaria y adquisiciones previstas por las tres fuerzas. Aunque el monto equivale a unos US$35 millones, analistas del sector advierten que el problema no está solo en la cifra, sino en el deterioro acumulado de la inversión militar durante las últimas dos décadas.
La Fuerza Aérea Argentina aparece como una de las más afectadas. El Programa 16 de alistamiento operativo perdió $16.500 millones en bienes de uso y equipos militares, un dato especialmente sensible porque el país acaba de incorporar los primeros seis aviones F-16AM/BM adquiridos a Dinamarca.
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El Ejército Argentino también sufrió una baja relevante, con una reducción de $12.622 millones destinados a equipamiento de transporte, comunicaciones y maquinaria de producción militar. La Armada, por su parte, tuvo un recorte neto de $15.220 millones en su programa de alistamiento operativo.
Uno de los puntos más sensibles para la Armada es la eliminación de una partida de crédito externo por $10.620 millones destinada al proyecto de incorporación de cuatro helicópteros navales livianos AW109M para la Base Naval Puerto Belgrano. Se trataba de una de las adquisiciones esperadas por la fuerza para fortalecer capacidades operativas.
El ajuste también llega a la logística antártica, con recortes en combustibles y lubricantes para la campaña. Esa reducción genera preocupación porque la actividad antártica depende de una cadena logística compleja, costosa y con márgenes limitados para improvisar recursos durante la ejecución.
La única área que recibió un refuerzo dentro de la jurisdicción fue la sanidad militar. El programa de Sanidad Naval sumó $4.000 millones para insumos médicos y farmacéuticos, aunque esa mejora no se traduce en nuevas capacidades operativas para las fuerzas.
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El trasfondo presupuestario profundiza la preocupación. La función Defensa se ubica en torno al 0,28% del PBI, mientras que entre el 75% y el 85% del gasto de cada fuerza se destina a salarios. En ese escenario, el margen para funcionamiento, entrenamiento, mantenimiento e inversión queda cada vez más acotado.
La tensión también alcanza al personal especializado. Pilotos, comandos, técnicos y cuadros de alta formación operan sistemas costosos y complejos, pero enfrentan salarios que compiten con oportunidades mejor remuneradas en otros sectores. Esa brecha puede afectar la retención de perfiles críticos dentro de las Fuerzas Armadas.
El recorte deja planteada una contradicción central: mientras el Gobierno anuncia un plan de modernización militar, reduce fondos de programas vinculados al equipamiento y al alistamiento. El Plan ARMA queda así condicionado por la disponibilidad efectiva de recursos y por la capacidad del Estado de sostener inversiones en defensa más allá de los anuncios.
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