Frenaron una caravana de 100 toneladas de chatarra ilegal con un menor al volante

La Gendarmería incautó 15 camiones cargados con material ferroso valuado en 200 millones de pesos. Investigan una red de traslados sin documentación en el norte.

Un menor de edad estaba al mando de uno de los camiones que transportaba parte de las 100 toneladas de chatarra secuestradas en Salta. Los efectivos del Escuadrón 54 “Aguaray” detectaron la irregularidad durante un control vial en el paraje Capiazuty, sobre la Ruta Nacional 34. El hallazgo del adolescente al volante fue el primer eslabón de una cadena de infracciones que terminó con una flota entera de vehículos incautada por la justicia federal.

La caravana estaba integrada por 15 camiones que se movían de forma consecutiva para intentar pasar desapercibidos en la frontera. Al frenar la marcha de toda la fila, los uniformados comprobaron que el cargamento total de material ferroso alcanzaba los 100.000 kilos. El valor de mercado de esta carga asciende a los 200 millones de pesos, lo que motivó una intervención inmediata de la Fiscalía Descentralizada de Tartagal.

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Los choferes no pudieron presentar ninguna documentación que acreditara el origen lícito o el destino de la mercadería. Esta falta de papeles habilitó el secuestro de la carga bajo la figura de una presunta infracción a la Ley 22.415, referida al Código Aduanero. Los gendarmes iniciaron el peritaje de las guías de transporte y notaron inconsistencias graves que invalidaban cualquier intento de justificar el movimiento de los metales.

La situación del joven conductor obligó a los funcionarios judiciales a priorizar su resguardo y fue entregue a sus progenitores de manera inmediata. Sin embargo, el resto de la causa penal se centró en la responsabilidad de los adultos que permitieron que un menor manejara carga pesada sin aval legal. La fiscalía busca establecer si el uso de menores es una táctica recurrente para intentar eludir responsabilidades penales mayores en este tipo de delitos logísticos.

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Además del material ferroso, el juzgado ordenó la incautación de los teléfonos celulares de los 14 hombres vinculados al traslado. El objetivo de los investigadores es reconstruir el origen, la trazabilidad y el destino previsto de la carga a través del análisis de las comunicaciones. Los vehículos también quedaron bajo custodia federal, ya que se sospecha que forman parte de una estructura logística dedicada al movimiento ilegal de residuos industriales a gran escala.

Los transportistas, todos mayores de edad, quedaron en libertad pero permanecen supeditados a la investigación judicial. Cada uno de los involucrados deberá dar explicaciones sobre la procedencia de la chatarra y quién financió el operativo de transporte. La justicia federal no descarta que existan ramificaciones comerciales detrás de los 200 millones de pesos que representaba el convoy interceptado el lunes.

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El operativo se realizó en una zona caliente del norte salteño, donde los controles de Gendarmería suelen interceptar cargamentos que buscan los pasos fronterizos. Los efectivos notaron que los camiones circulaban pegados uno tras otro, una modalidad que suele usarse para minimizar el tiempo de exposición en las rutas nacionales. La interceptación de las 100 toneladas marca un hito en los controles recientes de la fuerza en la jurisdicción de Aguaray.

El secuestro de esta cantidad de metal representa un daño económico directo a las organizaciones que operan por fuera del sistema aduanero. El material ferroso, usualmente catalogado como chatarra, tiene un alto valor de reventa en el mercado negro para su posterior fundición o exportación irregular. Con los 15 camiones fuera de servicio, la capacidad operativa del grupo investigado quedó seriamente comprometida frente a los tribunales de Tartagal.

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Los peritos de la fuerza de seguridad trabajan ahora en el cruce de datos de los teléfonos y la documentación retenida en el paraje Capiazuty. Todavía es una incógnita si la chatarra provenía de obras desmanteladas o si fue acopiada de manera ilegal en distintos puntos del país. Mientras la investigación avanza, los vehículos y la carga seguirán a disposición de la justicia bajo una estricta vigilancia en el norte provincial.