Hay que "decir la verdad y a solucionar los problemas de fondo", para sostener los servicios de la Cooperativa

Gerardo Merino convocó a una mesa de trabajo urgente para el lunes tras el rechazo del aumento tarifario. Sostiene que la ciudad corre riesgo de quedar a oscuras si no hay "sinceramiento" de los números.

La negativa del Concejo Deliberante a autorizar el nuevo cuadro tarifario de la cooperativa eléctrica disparó un conflicto de proporciones en el esquema de servicios públicos de la ciudad. El Ejecutivo local no ocultó su malestar ante una decisión que considera ligada a la especulación política más que a la realidad técnica de los costos. Según la mirada oficial, este freno legislativo coloca a la empresa prestadora en un escenario límite que podría derivar en la interrupción de prestaciones vitales para la comunidad.

Frente a este bloqueo, el jefe comunal decidió convocar a los diez concejales, al organismo regulador y a la intervención de la entidad para el próximo lunes. El objetivo es despojar la discusión de consignas ideológicas y poner las cartas sobre la mesa con datos certificados por el OMRESP. La intención es que cada representante se haga cargo del impacto de su voto, especialmente cuando se trata de "garantizar el servicio en la ciudad de Trelew" en rubros como energía, cloacas y agua potable.

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La administración municipal sostiene que el tiempo de las prórrogas y las decisiones "para la tribuna" debe terminarse para evitar un colapso irreversible. El intendente fue tajante al señalar que "nosotros no tenemos que gobernar por conveniencia, tenemos que gobernar con equidad para todos", marcando una distancia ética con sus antecesores. Para el Ejecutivo, mirar para otro lado ante el déficit de la cooperativa es una actitud que solo estira una agonía que terminará perjudicando al vecino común.

El debate técnico que se viene promete ser crudo, ya que existen versiones cruzadas sobre si la ciudad paga la energía más cara o más barata de la región. El municipio busca terminar con lo que denomina "mezquindades políticas" y discursos que no se sostienen con el balance en la mano. La convocatoria del lunes pretende que todos los actores, incluido el sector sindical de Luz y Fuerza, entiendan que el sistema actual no admite más demoras ni parches administrativos.

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Un punto que genera especial preocupación es la posibilidad de que la prestadora entre en un proceso de quiebra formal si no se actualizan los ingresos. "Hay que ser responsables de lo que pasa al otro día, porque no puede pasar que al otro día el vecino no tenga luz", advirtieron desde la Intendencia. Esta frase resume el temor a un vacío operativo que deje a comerciantes, inversores y hogares sin los insumos básicos para la vida diaria y el desarrollo económico local.

La gestión de Merino busca diferenciarse de lo que describe como una "jungla" institucional donde se evitaban los problemas de fondo. Mencionan como ejemplos de este cambio el ordenamiento en el transporte de pasajeros y la recolección de residuos, donde se terminaron las prórrogas eternas. Bajo esa misma lógica, exigen que la discusión de la cooperativa se trate con la misma "seriedad y mayor responsabilidad" para no comprometer el futuro de la infraestructura urbana.

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La relación con el gremio de Luz y Fuerza también forma parte del complejo rompecabezas que se intentará armar en la mesa de trabajo. El Ejecutivo no descarta una segunda instancia de diálogo con los trabajadores, pero insiste en que la culpa de la crisis es compartida entre la política, el sindicato y las administraciones pasadas. El mensaje hacia el edificio de la calle Mitre es claro: no se puede seguir ignorando la masa salarial y los costos operativos mientras la deuda crece exponencialmente.

En el Palacio Municipal existe la convicción de que la regularización de la ciudad, desde la tenencia de tierras hasta las habilitaciones comerciales, no sirve si el sistema eléctrico colapsa. La gestión actual se autopercibe como un punto de quiebre que vino a "decir la verdad y a solucionar los problemas de fondo", aunque esas soluciones tengan un costo político inmediato. Para el oficialismo, el tiempo de los discursos cómodos se terminó ante la inminencia de un déficit que las cuentas públicas ya no pueden absorber.

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El panorama que se abre tras el fin de semana será determinante para saber si prima la racionalidad técnica o la pulseada partidaria. La presencia del interventor y los técnicos del ente regulador será clave para desmentir o confirmar los porcentajes de aumento que circulan en la opinión pública. Mientras tanto, la ciudad espera una señal de certidumbre que aleje el fantasma de los cortes de servicio y garantice que el alumbrado público y el agua sigan funcionando normalmente.