El dueño de una casa de Indio Cuá declaró ante el fiscal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete abonó en efectivo mientras refaccionaba otra propiedad del country.
La investigación por presunto enriquecimiento ilícito contra Manuel Adorni sumó un nuevo testimonio sobre sus movimientos patrimoniales en el country Indio Cuá, ubicado en Exaltación de la Cruz. José Rodríguez, dueño de una propiedad del barrio privado, declaró ante el fiscal federal Gerardo Pollicita que el jefe de Gabinete le alquiló una vivienda y le pagó más de US$20 mil en efectivo.
Según el testimonio, el monto total habría sido de US$21.000, correspondiente a distintos acuerdos de alquiler mientras se realizaban refacciones en otra casa del mismo country. Esa propiedad, según surge de la causa, había sido comprada por Bettina Angeletti, esposa de Adorni, y luego fue sometida a obras que también quedaron bajo análisis judicial.
El nuevo dato se suma a la declaración del contratista Matías Tabar, quien afirmó ante la Justicia que Adorni pagó US$245.000 en efectivo por la renovación integral de la vivienda de Indio Cuá. Tabar aportó documentación, fotografías, videos y dejó su celular para ser peritado, en el marco de las medidas ordenadas por la fiscalía.
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De acuerdo con lo declarado por Rodríguez, hubo un primer contrato temporal firmado en octubre de 2023 por US$5.600, destinado a una estadía durante el verano siguiente. Luego se habría concretado un alquiler principal por US$13.000, también abonado en efectivo, para que la familia permaneciera en el country mientras avanzaban las reformas de la vivienda.
El testigo agregó que, por demoras en la obra, se extendió la permanencia durante tres meses más mediante un acuerdo informal de US$2.400. De esa manera, las operaciones mencionadas por el propietario suman US$21.000, todas, según su declaración, canceladas con billetes en mano.
La fiscalía busca determinar si esos pagos son compatibles con los ingresos y el patrimonio declarado por el funcionario. La investigación contra Adorni fue impulsada por Pollicita, quien pidió medidas sobre cuentas, préstamos familiares, propiedades y operaciones vinculadas al inmueble de Indio Cuá.
El caso también tiene una derivación vinculada a la consultora +BE, perteneciente a Bettina Angeletti. En otra línea del expediente, el juez Ariel Lijo solicitó documentación a empresas que habrían mantenido vínculos comerciales con la firma de la esposa del jefe de Gabinete, en busca de posibles conflictos de interés o beneficios cruzados con contratistas del Estado.
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La propiedad de Indio Cuá quedó en el centro de las sospechas por la combinación de compra, refacciones, alquileres temporales y pagos en efectivo. Según publicó El País, la adquisición de la casa a nombre de Angeletti no figuraba en la declaración jurada de Adorni, lo que profundizó las dudas sobre la correspondencia entre su nivel de vida y sus ingresos declarados.
Por ahora, los testimonios forman parte de una etapa de recolección de prueba. La Dirección de Asistencia Judicial en Delitos Complejos y Crimen Organizado y los investigadores judiciales analizan documentación, movimientos patrimoniales y peritajes para determinar si las operaciones tienen respaldo económico y contable suficiente.
La declaración de Rodríguez agrega presión sobre una causa que ya venía acumulando datos sensibles. En el expediente, la pregunta central sigue siendo si los gastos asociados al country Indio Cuá, las refacciones y los alquileres pueden ser justificados por el patrimonio declarado del jefe de Gabinete o si configuran indicios de un posible enriquecimiento no explicado.
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