El juez sumó otras 70 muertes a García Furfaro por el fentanilo contaminado

Policiales13/05/2026REDACCIÓNREDACCIÓN

a Justicia amplió la acusación contra el dueño de HLB Pharma y Ramallo S.A., mientras mantuvo prisión preventiva, embargos y nuevas imputaciones.

Ariel García Furfaro (Foto: Clarín)
Ariel García Furfaro (Foto: Clarín)

La causa por el fentanilo contaminado volvió a golpear al empresario Ariel García Furfaro con una resolución judicial que agranda el alcance penal del expediente. El Juzgado Criminal y Correccional Federal N°3 de La Plata amplió este miércoles su procesamiento con prisión preventiva. La decisión apunta al dueño de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A., investigado por la muerte de personas que habrían recibido sustancias medicinales adulteradas.

El nuevo tramo de la investigación modifica el peso judicial del caso porque agrega víctimas al cuadro ya atribuido en una resolución anterior. Fuentes judiciales informaron a la Agencia Noticias Argentinas que García Furfaro quedó considerado “prima facie, coautor penalmente responsable”. La fórmula judicial lo vincula con un delito de enorme gravedad sanitaria, ya que la causa investiga consecuencias fatales, lesiones gravísimas, graves y leves.


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La resolución atribuye al empresario la adulteración de sustancias medicinales que derivó en la muerte de un número elevado de pacientes. Según el escrito citado por las fuentes, el delito investigado “resultó en la muerte de, al menos, 70 personas”. Además, el mismo expediente menciona “lesiones gravísimas de, al menos, dos personas y graves de, al menos, 41 personas”.

La ampliación no se limita a las muertes incorporadas en esta etapa. El juzgado también incluyó el delito de lesiones leves respecto de al menos una persona, bajo la misma calidad de coautoría. Ese encuadre quedó planteado en concurso ideal, una figura penal que se aplica cuando una misma conducta se vincula con más de una calificación delictiva.


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El expediente ya tenía una base previa de víctimas fatales atribuidas al momento del procesamiento inicial. Las fuentes judiciales remarcaron que “estas víctimas se agregan a las 20 fatales que ya fueran atribuidas al resolver el procesamiento en el mes de septiembre de 2025”. Con esa incorporación, la causa profundiza el impacto penal sobre García Furfaro y aumenta la dimensión pública del caso.

La Justicia también mantuvo las medidas patrimoniales contra el empresario. La resolución dejó firme la inhibición general de bienes y el embargo que ya pesaban sobre él. Esas herramientas buscan preservar eventuales responsabilidades económicas mientras avanza la investigación penal por el fentanilo contaminado.


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El alcance de la decisión judicial se extendió además a Diego Hernán García, hermano de Ariel García Furfaro. El juzgado resolvió ampliar su procesamiento con prisión preventiva bajo las mismas medidas. También quedó alcanzado por la inhibición general de bienes y el embargo, en línea con el criterio aplicado al principal acusado.

La situación de Nilda Furfaro tuvo una definición particular dentro del expediente. La mujer fue señalada como partícipe necesaria del mismo ilícito y continuará detenida bajo la modalidad de arresto domiciliario. Esa decisión mantiene sujeción judicial directa, aunque con una forma de cumplimiento distinta a la prisión preventiva en establecimiento carcelario.


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El juez federal Ernesto Kreplak también fijó pautas procesales para otros acusados mencionados en la resolución. Entre ellos aparecen José Antonio Maiorano, Horacio Antonio Tallarico, Rodolfo Antonio Labrusciano, Carolina Ansaldi, Víctor Boccaccio, Javier Tchukran, Adriana Iúdica, Dayana Astudillo Bolívar, Rocío del Cielo Garay, Edgardo Sclafani, María Victoria García y Wilson Daniel Pons. La medida muestra que la causa no se concentra solo en el empresario, sino que mantiene bajo investigación a una estructura más amplia de responsabilidades.

El caso conserva un eje sanitario central, porque la acusación gira en torno a medicamentos adulterados y consecuencias directas sobre pacientes. La cifra de víctimas incorporadas eleva el impacto judicial y social de una investigación que ya tenía antecedentes graves. El expediente queda ahora en una instancia más pesada para los imputados, con prisión preventiva sostenida, restricciones patrimoniales vigentes y una atribución penal ampliada.

Fuente: N A  

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