El dilema de Uber en Madryn con conductores que piden una ley para "trabajar en paz"

Chubut14/05/2026

Trabajadores de distintos rubros presentaron un proyecto de modernización ante el Concejo Deliberante. Aseguran que la aplicación cubre zonas donde no llega el colectivo y que el sistema actual de multas quedó viejo.

Una tarde de desesperación económica fue el detonante para que Pamela Páves, decidiera encender la aplicación y realizar su primer viaje. Con las cuentas congeladas por deudas, recolectó sus primeros 25 mil pesos en pocas horas de recorrido urbano. “Me volvió la dignidad al cuerpo y a partir de ese momento no me bajo”, confesó en diálogo con #LA17, describiendo una realidad que hoy comparten cientos de vecinos que encuentran en el transporte digital su único sostén o un complemento indispensable.

El conflicto entre la normativa y la práctica cotidiana es total en la ciudad. Mientras rige una ordenanza de hace una década que prohíbe el servicio, la demanda es continua y no discrimina sectores. Los choferes que impulsan la legalización mantuvieron reuniones con todos los bloques del Concejo Deliberante para presentar un petitorio de modernización del transporte. El argumento central es que el servicio ya está instalado en la cultura de consumo local: hay conductores con más de 3.000 viajes realizados y una flota que incluye desde plomeros y gasistas hasta trabajadores de la pesca durante las temporadas de veda.

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La accesibilidad barrial es uno de los puntos más fuertes del reclamo. Los conductores llegan a sectores donde el transporte público es inexistente, donde muchas calles ni siquiera tienen nombre oficial. “Llegamos a ciudadanos que no pueden acceder a otro tipo de servicio por cuestiones económicas”, explicó Páves.

En el plano turístico, la contradicción legislativa queda expuesta con cada arribo de cruceros o convenciones nacionales. Los visitantes, acostumbrados a una aplicación de alcance mundial, solicitan el vehículo apenas bajan del barco o del hotel sin conocer las prohibiciones locales. Recientemente, durante un congreso de farmacéuticos, la demanda desbordó la capacidad de respuesta de los autos disponibles. Para los conductores, ocultar esta realidad es imposible cuando los pasajeros nacionales e internacionales ya tienen la herramienta instalada en sus teléfonos.

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Uno de los mitos que el grupo de conductores busca derribar es el de la falta de cobertura ante siniestros. Durante las reuniones con los concejales, exhibieron las pólizas de seguro que figuran dentro de la plataforma. Según detallaron, los pasajeros están cubiertos desde que suben al vehículo hasta que descienden, mientras que el chofer cuenta con protección desde el momento en que activa la aplicación. Este respaldo técnico es parte de los requisitos que la empresa exige para operar, junto con certificados de antecedentes penales y documentación vehicular al día.

La propuesta de regularización no busca un beneficio gratuito, sino que incluye compromisos fiscales y técnicos. El proyecto contempla el pago de un canon al municipio basado en los ingresos generados, la exigencia de carnet profesional para los conductores y límites estrictos a la antigüedad de las unidades. “Queremos despegar esta situación del tema de los taxistas”, aclaró Páves, reconociendo el derecho al reclamo de ese sector pero enfatizando que el usuario debe tener la libertad de elegir en qué quiere transportarse sin que el chofer corra el riesgo de secuestro del vehículo.

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La aplicación también impone sus propias reglas de seguridad operativa, impidiendo que una persona conduzca más de 12 horas seguidas para evitar accidentes por fatiga. Esta limitación técnica actúa como un regulador natural que la normativa local todavía no contempla. Los conductores sostienen que el progreso digital avanza a una velocidad que las leyes no logran seguir, generando una demora que perjudica a quienes necesitan el ingreso diario para subsistir en un contexto de inflación y salarios estancados.

El espejo en el que se miran los impulsores de la medida son ciudades como Bahía Blanca o la reciente normativa de la Ciudad de Buenos Aires, donde se establecieron marcos legales para la convivencia de sistemas. Los concejales madrynenses se mostraron receptivos a analizar estas legislaciones comparadas para redactar una ordenanza que no quede "vetusta" a los pocos meses de su implementación. La intención es salir de la zona de "ilegalidad local" para pasar a un esquema donde el trabajo genuino esté protegido por el Estado.