Productor agropecuario quedó imputado por ofrecer dinero a la policía en un control
Policiales15/05/2026
REDACCIÓNUn contratista bonaerense y su hijo menor de edad quedaron interceptados en la intersección de las rutas 35 y 188. El conductor quedó imputado por cohecho tras ofrecer dinero tres veces a los uniformados.
El traslado irregular de maquinaria pesada por los corredores nacionales de la región central expuso una situación de severo peligro vial y derivó en un operativo penal por tentativa de corrupción. Un tren de vehículos agrícolas que se desplazaba sin las medidas de seguridad exigidas por la normativa federal intentó evadir la fiscalización pública, desencadenando una intervención que combinó faltas de tránsito graves con una posterior causa criminal. El hecho pone de manifiesto los riesgos recurrentes en las rutas comerciales cuando se omiten los permisos obligatorios de circulación para el transporte de herramientas de gran porte.
La maniobra se detectó en la intersección de las rutas nacionales 35 y 188, en jurisdicción de Realicó, donde personal de la policía pampeana realizaba controles de rutina sobre el flujo vehicular. Los conductores de dos camionetas Volkswagen Amarok que remolcaban de manera irregular varios implementos agrícolas divisaron el puesto de control e intentaron desviar su trayectoria de forma imprevista. El convoy realizó una maniobra de escape ingresando a la playa de estacionamiento de una estación de servicio ubicada en el cruce de las rutas con el objetivo explícito de ocultarse de los uniformados.
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La patrulla interceptó el convoy dentro del playón comercial para constatar las condiciones de transitabilidad de los rodados procedentes de la localidad de Roque Pérez, provincia de Buenos Aires. Durante la inspección, los efectivos corroboraron que una de las camionetas de alta gama era conducida por el contratista rural, mientras que la segunda unidad era guiada por su hijo menor de edad, quien carecía de licencia habilitante para conducir. Las formaciones carecían de toda la documentación respaldatoria que exige la Ley Nacional de Tránsito para el desplazamiento seguro de estructuras de arrastre.
El inventario de anomalías viales detectado por el personal de guardia agravó sustancialmente la situación administrativa de los responsables de la carga itinerante. Una de las camionetas Pick-Up arrastraba un tren conformado por tres enganches sucesivos, una configuración estrictamente prohibida por la Dirección Nacional de Vialidad debido a la inestabilidad que genera en los trayectos de ruta. Asimismo, la totalidad del convoy carecía de señalización reglamentaria, bandas reflectivas y sistemas de iluminación en la parte posterior, factores que incrementaban la posibilidad de colisiones traseras en horario nocturno.
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Ante la imposibilidad de justificar la tenencia y el traslado de las herramientas de labranza, el empresario rural adoptó una estrategia ilegal para intentar eludir la confección de las actas de infracción. El hombre intentó sobornar en tres oportunidades consecutivas al personal policial que se encontraba al frente del procedimiento en la intersección de las rutas. El primer ofrecimiento directo fue rechazado por el sargento ayudante Daniel Pallarés, a quien el infractor le propuso textualmente "arreglar la infracción de otra manera" para evitar la inmovilización de la maquinaria.
La insistencia del contratista no cesó con la primera negativa institucional, sino que reiteró el ofrecimiento espurio ante las máximas autoridades de la dependencia que se hicieron presentes en el cruce de caminos. El implicado volvió a plantear la misma propuesta económica espuria frente al comisario inspector José María Córdoba, jefe del operativo de control vial. La reiteración de la conducta configuró la flagrancia del delito de cohecho, modificando el estatus de la intervención de una simple contravención de tránsito a un arresto penal inmediato.
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Los efectivos policiales procedieron a la demora formal del propietario y dispusieron el secuestro preventivo de la totalidad de los vehículos implicados en la maniobra de ocultamiento. La flotilla de camionetas e implementos fue trasladada bajo custodia hasta las instalaciones del Puesto Caminero II, ubicado a la vera de la ruta nacional 35, donde quedaron depositadas a disposición de los magistrados. El contratista depuso su actitud confrontativa inicial, emitió disculpas verbales hacia los oficiales intervinientes y acató las directivas de las autoridades policiales.
La causa judicial quedó bajo la órbita de la Fiscalía General con sede en la ciudad de General Pico, a cargo del doctor Matías Juan, quien dispuso la notificación formal del inicio de las actuaciones. El productor agropecuario bonaerense fue imputado formalmente por la comisión de los delitos de cohecho y desobediencia a la autoridad, permaneciendo alojado en los calabozos policiales hasta las primeras horas del día siguiente. El fiscal de la causa otorgó la libertad ambulatoria al imputado tras la finalización de los trámites de rigor normativos en los tribunales piquenses.
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El beneficio de la libertad otorgado al contratista rural no eximió a la firma de las gravosas penalidades económicas y logísticas derivadas del transporte clandestino de los bienes de capital. El Ministerio Público Fiscal condicionó la restitución de las dos camionetas a la regularización y pago completo de todas las infracciones de tránsito labradas por la fuerza provincial. Para poder completar el traslado hacia su destino final, los implementos agrícolas debieron ser cargados y transportados arriba de carretones especiales habilitados, representando un severo costo extra para los infractores.
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