Un forense halló un proyectil en el cráneo de un fallecido que iba a ser enterrado por muerte natural

La negativa de un médico a convalidar un presunto paro cardíaco en Las Heras derivó en el descubrimiento de una bala en la cabeza de un policía jubilado, cuya vivienda fue lavada por los familiares.

El cuerpo de un hombre de 67 años estaba a punto de recibir sepultura bajo la carátula médica de un paro cardiorrespiratorio no traumático hasta que la intervención de un segundo profesional frenó el trámite burocrático. El cadáver, perteneciente a un efectivo retirado de la fuerza de seguridad, yacía estático en el interior de su propiedad sin que los primeros uniformados ni el personal sanitario de emergencias percibieran que la rigidez cadavérica ocultaba una herida de arma de fuego. El hallazgo del plomo en la sala de autopsias desató un escándalo operativo por la alteración de la escena antes de que intervinieran las autoridades judiciales de Santa Cruz.

La pericia forense realizada veinticuatro horas después del ingreso del cuerpo a la morgue determinó de manera fehaciente que la víctima presentaba un disparo en la cabeza con orificio de entrada y sin salida. Este descubrimiento anuló el testimonio informal del primer facultativo que revisó al fallecido y que había diagnosticado a viva voz un deceso por causas biológicas debido a la ausencia visible de lesiones externas. El retiro de la circulación del certificado de defunción tradicional obligó al personal de la Comisaría Primera a recategorizar el expediente que inicialmente no presentaba indicios de criminalidad.

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La parálisis de las actuaciones administrativas se debió exclusivamente a las dudas que planteó un segundo médico, quien observó inconsistencias en la rigidez que mostraba el cuerpo al momento de ser retirado de la finca. Su rotunda negativa a convalidar el acta de defunción transformó las actuaciones en una causa por muerte dudosa, forzando la apertura de una investigación criminal que de otro modo hubiese quedado archivada. La intervención de este profesional expuso las vulnerabilidades del examen ocular preliminar llevado a cabo en el domicilio por los primeros agentes que acudieron al llamado de la familia.

El rumbo del caso tomó una dirección compleja cuando los peritos policiales regresaron a la vivienda a tomar nuevas declaraciones testimoniales a los miembros del entorno íntimo que habitaban el lugar. En esa instancia de interrogatorio, la pareja del fallecido y un grupo de inquilinos admitieron haber limpiado minuciosamente las manchas de sangre antes del arribo de los patrulleros. Los convivientes argumentaron ante los sumariantes que tomaron la decisión de higienizar el comedor porque supusieron de antemano que las dependencias oficiales sufrirían demoras prolongadas para enviar el personal médico al barrio.

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La remoción de los fluidos biológicos concuerda con la inspección ocular efectuada el miércoles a las 20 horas, momento en que los uniformados encontraron al hombre de 67 años sentado en una silla, sin rastros hemáticos a su alrededor. La manipulación del entorno familiar impidió el levantamiento de muestras biológicas esenciales y borró las trayectorias de dispersión que suelen caracterizar a las heridas producidas por deflagraciones en espacios cerrados. Los investigadores sospechan ahora que el saneamiento de las superficies formó parte de una maniobra coordinada para desviar la atención hacia un cuadro clínico natural.

La situación del entorno residencial se complicó aún más ante la ausencia total del elemento balístico que provocó la lesión mortal en el cráneo de la víctima. Las inspecciones iniciales confirmaron que en el interior del inmueble no se localizó ningún rifle ni arma de puño corta, a pesar de que el fallecido poseía armamento por su antigua condición de integrante de la institución policial. La hipótesis de una determinación autolesiva perdió fuerza relativa frente a la constatación de que el elemento de disparo fue retirado del perímetro inmediato donde quedó el cuerpo inerte.

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Las derivaciones del ocultamiento motivaron una serie de procedimientos urgentes dictados por el titular del Juzgado de Instrucción de Las Heras, el magistrado Eduardo Quelín. Bajo sus directivas, la División de Investigaciones tomó el control de las pesquisas operativas y concretó un allanamiento en la propiedad durante la tarde del jueves. En el operativo, las brigadas científicas procedieron al secuestro de los teléfonos celulares de todas las personas presentes en la casa al momento del deceso, buscando trazas de comunicaciones que aclaren los minutos previos al arribo policial.

La recolección de los dispositivos tecnológicos apunta a desentrañar la cronología de las llamadas cruzadas que mantuvieron la pareja del jubilado y los inquilinos antes de notificar el fallecimiento al sistema de emergencias. El análisis técnico de los terminales móviles busca establecer si existieron directivas explícitas para hacer desaparecer el arma de fuego y acordar la versión del paro cardíaco que se le ofreció al primer facultativo. Las autoridades de la Justicia provincial mantienen un estricto hermetismo en torno a las pericias químicas complementarias ordenadas sobre las prendas de vestir incautadas.