Cansados de las rampas mal hechas, usuarios de sillas de ruedas las construyen ellos mismos

Actualidad16/05/2026

En Córdoba, la Fundación Derechos Sobre Ruedas decidió pasar de la queja a la obra directa. Con materiales propios y trabajo voluntario, ejecutan una rampa por mes para garantizar su propia movilidad.

La construcción de una rampa en una esquina cordobesa ya no depende exclusivamente de un presupuesto municipal o de un cronograma de obra pública. Un grupo de ciudadanos, donde el 80% utiliza sillas de ruedas manuales o motorizadas, decidió intervenir físicamente la ciudad tras detectar que las soluciones estatales muchas veces son inútiles. “No hay mejor manera de enseñar cómo deben hacerse que construyéndolas nosotros mismos”, sostienen desde la organización que hoy fabrica su propia accesibilidad ante la persistencia de obstáculos estructurales.

El proceso de trabajo es riguroso y lejos está de ser una acción improvisada en la vía pública. El equipo realiza relevamientos previos durante varios días para identificar los puntos más críticos del tránsito peatonal y dialoga con los comerciantes de la zona para buscar materiales. Bajo esta lógica de autogestión, la Fundación “logra construir aproximadamente una rampa por mes”, financiando cada bolsa de cemento y cada herramienta a través de rifas y donaciones solidarias.

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La labor en el territorio se divide en áreas legales, administrativas y de comunicación, buscando que cada intervención no solo repare una vereda, sino que también quiebre prejuicios instalados. Existe una intención deliberada de mostrar a la persona con discapacidad en una faceta productiva y transformadora. Según explican, “muchas veces la sociedad no imagina a personas con discapacidad trabajando en la calle”, por lo que la visibilidad del equipo en plena tarea forma parte del mensaje político de la organización.

El control sobre el transporte público es otro de los pilares que sostiene la actividad diaria del grupo. No se limitan a la infraestructura fija, sino que auditan permanentemente si los dispositivos de los colectivos están operativos y si la aplicación “Tu Bondi” informa con veracidad qué unidades son realmente accesibles. Este seguimiento técnico incluye capacitaciones a choferes para corregir el trato y asegurar que el equipamiento de las unidades se utilice de manera correcta.

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La situación del transporte interurbano aparece hoy como uno de los baches más graves en materia de derechos. Quienes necesitan trasladarse a localidades cercanas como Jesús María o Villa Carlos Paz se encuentran con una realidad hostil: casi no existen opciones adaptadas para viajar fuera de la capital. Esta desconexión deja a cientos de usuarios aislados, dependiendo de vehículos particulares o servicios privados costosos para realizar trayectos de media distancia.

En el vínculo con las autoridades locales, la relación es paradójica y se mueve entre la cooperación y la suplencia de funciones. Si bien existe una fluidez administrativa, son los relevamientos de la Fundación los que terminan dictando la agenda de algunas obras públicas provinciales y municipales. Recientemente, se establecieron instancias para que sean los mismos usuarios quienes supervisen que las soluciones entregadas por el Estado “funcionen correctamente” en la práctica diaria.

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La accesibilidad en el sector privado también forma parte de la auditoría social que realizan en las calles cordobesas. A pesar de haber desarrollado un mapa de comercios amigables, los obstáculos persisten en lugares tan básicos como los locales de indumentaria. Los integrantes de la organización advierten que todavía “quedan muchas barreras, como probadores no adaptados”, lo que impide una autonomía plena en tareas cotidianas de consumo.

El cambio que proponen va más allá de la mezcla de cemento y el nivel de la pendiente en una esquina. Para el equipo, la clave reside en una transformación cultural donde la empatía no sea un concepto abstracto, sino un componente técnico de la planificación urbana. Insisten en que cualquier servicio o decisión debe tomarse asumiendo que las personas con discapacidad son parte activa del flujo de la ciudad y no sujetos pasivos de asistencia.

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A pesar de los avances materiales logrados con sus propias manos, la falta de accesibilidad sigue siendo analizada como un problema de base que excede a la infraestructura. La construcción de ciudades inclusivas demanda una mirada que contemple cada escalón y cada plataforma como un límite a la libertad de movimiento. Mientras el diseño universal no sea la regla, este grupo de vecinos seguirá en la calle, marcando con sus propias rampas el camino que el Estado todavía no termina de pavimentar.

Fuente: TN