La prohibición de la minería en Chubut bloquea la mayor reserva de uranio de alta calidad del país
Chubut16/05/2026
REDACCIÓNLa Comisión Nacional de Energía Atómica busca socios privados para el yacimiento Cerro Solo, pero la legislación provincial impide reactivar la extracción del insumo básico de las centrales nucleares.
El subsuelo de la estepa central resguarda la mayor concentración de material energético procesable del territorio, pero las perforaciones permanecen selladas por un blindaje normativo de imposible neutralización en el corto plazo. Los planes para reactivar el complejo minero cordillerano chocan de forma directa con la vigencia de la ley provincial que prohíbe la actividad extractiva a cielo abierto, anulando cualquier intento de avance logístico por parte de los técnicos nacionales. Esta parálisis forzada traba el aprovechamiento de un recurso estratégico en momentos donde la administración federal busca reconfigurar las fuentes de abastecimiento energético del Cono Sur.
Las planillas técnicas de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) detallan que Cerro Solo, ubicado en Chubut, concentra la mayor reserva nacional cuantificada con 4.420 toneladas de uranio de alta calidad. A pesar del impedimento legal que rige en la jurisdicción provincial, el organismo científico mantiene la previsión de firmar acuerdos con inversores privados para el desarrollo del área. El lanzamiento de esta ronda de negocios busca atraer capitales de riesgo extranjeros para el montaje de la infraestructura superficial.
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La urgencia por habilitar los yacimientos de la Patagonia se vincula con la necesidad de sustituir el flujo de compras externas que anualmente drena divisas de las arcas del Banco Central de la República Argentina. El sistema eléctrico nacional importa unas 220 toneladas de uranio al año para abastecer sus tres centrales nucleares, una dependencia comercial que contrasta con el potencial metalífero del país. Las auditorías geológicas confirman que el territorio nacional posee reservas bajo tierra suficientes para garantizar 150 años de consumo interno continuo, una riqueza remanente que permanece inexplotada por los condicionantes institucionales de los distritos subnacionales.
El rediseño del mapa energético que coordina la Secretaría de Energía de la Nación incluye un portafolio de 21 proyectos activos, localizados principalmente en la Patagonia, orientados a duplicar la capacidad nuclear instalada en el mediano plazo. Las metas de infraestructura civil contemplan el financiamiento para construir un reactor modular pequeño (SMR) de diseño local, además de la generación de saldos exportables de mineral refinado para los mercados regionales. La parálisis de los yacimientos estatales empuja al sector hacia las alternativas de inversión privada que operan en las provincias con marcos regulatorios más amigables para el sector extractivo.
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La alternativa comercial más avanzada del circuito corporativo se localiza unos kilómetros al norte del paralelo 42, dentro de los límites del territorio rionegrino. Se trata del Proyecto Ivana, emplazado dentro del yacimiento Amarillo Grande en Río Negro, impulsado por la firma canadiense Blue Sky Uranium en alianza estratégica con Corporación América. La propuesta de inversión privada requiere un desembolso de 160 millones de dólares para producir yellow cake (torta amarilla), un concentrado de uranio indispensable para la fabricación de los elementos de combustible de Atucha y Embalse. El emprendimiento se encuentra actualmente en fase de prefactibilidad técnica.
Las proyecciones de los geólogos corporativos estiman que el bloque rionegrino posee el potencial necesario para garantizar el autoabastecimiento del sistema nucleoeléctrico nacional por más de una década una vez construidas las plantas de lixiviación. Sin embargo, la concreción del proyecto minero privado permanece sujeta a la aprobación de las auditorías ambientales de la provincia y a la finalización de los reportes de ingeniería de detalle. Esta dependencia de los plazos técnicos corporativos estira los tiempos de la transición, obligando al Estado a sostener el esquema de importaciones marítimas desde proveedores del hemisferio norte durante las próximas temporadas.
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Las dificultades para reactivar la extracción de combustibles nucleares se replican también en la región de Cuyo, donde las antiguas estructuras de producción estatales arrastran pasivos ambientales y litigios administrativos históricos. La mina Sierra Pintada en Mendoza, que cerró sus operaciones en el año 1995, posee el mayor volumen registrado de la Argentina con 10.010 toneladas identificadas en sus planillas metalíferas. Si bien el complejo ingresó en una etapa de prefactibilidad técnica para evaluar su viabilidad comercial, las autoridades nacionales reconocen que el inicio de cualquier fase productiva real en el departamento mendocino se encuentra condicionado por factores extralegales.
La reapertura de los yacimientos mendocinos afronta una fuerte resistencia por parte de comunidades locales y organizaciones ambientalistas, las cuales bloquean de hecho los caminos de acceso a las canteras de almacenamiento. Esta oposición social obliga a los cuadros de conducción de la CNEA a construir un complejo consenso social y ambiental antes de iniciar cualquier etapa productiva o remoción de materiales superficiales. Las experiencias fallidas de la última década demuestran que las autorizaciones administrativas resultan insuficientes si las poblaciones de cercanía perciben riesgos latentes sobre las cuencas hídricas que abastecen a la actividad vitivinícola regional.
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El cumplimiento de los objetivos fijados dentro del denominado Plan Nuclear Argentino ingresa de este modo en un embudo regulatorio donde las urgencias presupuestarias de la Nación colisionan con las autonomías políticas provinciales. Mientras los centros de diseño en Buenos Aires apuran los planos de los reactores de nueva generación, las bases logísticas de la Patagonia permanecen inactivas a la espera de definiciones de fondo sobre los códigos de minería locales. La resolución de este conflicto de potestades institucionales fijará el límite operativo definitivo para establecer si el país logrará sustituir sus importaciones de uranio antes del agotamiento de las reservas de combustible de las centrales operativas.
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