Abusaba de su hija desde los 5 años y ya adolescente la obligaba a trabajar en un bar
Policiales16/05/2026
REDACCIÓNEl Tribunal Oral Número 2 de Mar del Plata determinó que el acusado combinó los abusos sexuales continuos con un régimen de servidumbre forzada en su negocio y en la vivienda familiar.
El funcionamiento cotidiano de un local gastronómico de la ciudad bonaerense ocultaba un sistema de coacción permanente que se extendía mucho más allá de las tareas comerciales ordinarias. La manipulación ejercida en el interior de las propiedades familiares permitió establecer una estructura de control absoluto donde las tareas de limpieza, atención al público y mantenimiento del comercio eran impuestas de manera obligatoria bajo amenazas físicas y psicológicas recurrentes. La posición de superioridad del titular del negocio anuló por completo las posibilidades de defensa de la damnificada, quien se vio forzada a cumplir jornadas laborales sin ningún tipo de retribución económica ni escolarización regular.
Las derivaciones judiciales de estas maniobras de sometimiento se tradujeron en una sentencia punitiva severa dictada por los integrantes de los tribunales de la Costa Atlántica. El Tribunal Oral Número 2 de Mar del Plata condenó a un hombre a once años de prisión al acreditar la materialidad de los delitos cometidos en los entornos residenciales y de negocios. El acusado, cuyas iniciales fueron registradas bajo las siglas R.P.D, fue hallado responsable directo del delito de “abuso sexual con acceso carnal” en perjuicio de su descendiente directa, una conducta criminal que mantuvo de forma sistemática durante más de una década.
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La investigación penal pormenorizada demostró de forma concluyente que las agresiones comenzaron de manera temprana cuando la afectada poseía apenas cinco años de edad y se prolongaron de forma ininterrumpida hasta que cumplió los 16 años. El andamiaje probatorio determinó que la indefensión de la menor se agravó debido al ejercicio de la guarda exclusiva por parte del progenitor, en un contexto de convivencia viciado por el autoritarismo. Los jueces acreditaron de igual modo que el imputado redujo a la servidumbre a la menor, aprovechándose de su posición dominante, en su casa y también en un bar que era de su propiedad.
El desarraigo de los lazos familiares de asistencia primaria facilitó la consolidación del cerco de opresión establecido por el comerciante en las dependencias de la zona norte marplatense. El desajuste del hogar conyugal se había profundizado años antes, luego de que la madre de la menor abandonara la vivienda afectada por severos problemas derivados de su adicción a las drogas. Esta deserción dejó a la niña bajo la tutela exclusiva de su agresor, eliminando las redes de contención externas y permitiendo que los abusos se camuflaran bajo las rutinas normales de mantenimiento de la vivienda y atención de las mesas del negocio.
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La parálisis de los mecanismos de resguardo institucional cesó de manera definitiva una vez que la afectada logró adquirir la autonomía jurídica y económica indispensable para sortear las represalias del entorno paterno. Al alcanzar la mayoría de edad, la joven -actualmente de 24 años- radicó la denuncia en los destacamentos especializados, aportando las declaraciones testimoniales y las pericias psicológicas que dieron origen a las actuaciones de la fiscalía. Las revelaciones tardías permitieron reconstruir las bitácoras del cautiverio comercial y domiciliario que los vecinos de la cuadra ignoraban por completo.
La fiscalía especializada en delitos contra la integridad física recolectó los registros comerciales del comercio gastronómico para corroborar los horarios de trabajo forzado a los que era sometida la adolescente durante su etapa de escolarización truncada. Los informes periciales determinaron que la víctima presentaba secuelas crónicas de estrés postraumático compatibles con regímenes de esclavitud doméstica prolongada bajo condiciones de aislamiento social. Las evidencias documentales permitieron unificar las acusaciones de abuso biológico con los cargos por la violación a las leyes laborales de protección de la minoridad.
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El dictamen definitivo de la sentencia judicial contó con el voto unánime de los magistrados encargados de presidir el debate oral en las dependencias de la avenida Almirante Brown. Los tres integrantes del cuerpo contencioso, Roberto Falcone, Alexis Simaz y Federico Wacker, condenaron al acusado tras convalidar las agravantes por el vínculo y la situación de convivencia. La resolución de la terna se alineó de forma estricta con las solicitudes de pena requeridas en los alegatos de clausura por la fiscal de instrucción bonaerense, María Florencia Salas.
Las organizaciones civiles que asisten a víctimas de trata y explotación laboral intrafamiliar valoraron el encuadre de servidumbre aplicado por los jueces, señalando que fija un precedente clave para penalizar los abusos comerciales en empresas familiares. Los abogados defensores intentaron atenuar la escala penal argumentando la prescripción de los hechos más antiguos, pero el tribunal rechazó los planteos aplicando las normativas vigentes de protección integral de los derechos de niños, niñas y adolescentes. El condenado permanecerá alojado en una unidad penitenciaria de máxima seguridad de la provincia de Buenos Aires.
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