Un juzgado bonaerense cumple un año paralizado por el limbo legal de la jueza suspendida
Actualidad16/05/2026
REDACCIÓNEl despacho principal de Faltas N° 2 de San Isidro permanece cerrado bajo sumario administrativo, mientras el tribunal de enjuiciamiento dilata el debate definitivo por las denuncias de maltrato.
Los pasillos de la dependencia de justicia contravencional de la zona norte registran rutinas alteradas y expedientes acumulados debido a la falta de firmas autorizadas para resolver las sanciones diarias. El mostrador de atención al público absorbe los reclamos de los ciudadanos que tropiezan con plazos vencidos y resoluciones trabadas por la ausencia definitiva de la autoridad de primera instancia. La inmovilidad del despacho principal, dispuesta por los organismos de control interno, transformó una oficina de alta rotación en un depósito de legajos archivados a la espera de definiciones políticas en los tribunales de La Plata.
Las puertas del Juzgado de Faltas N° 2 de San Isidro completaron doce meses sin actividad ordinaria desde que se ejecutó el apartamiento preventivo de su conductora, Julieta Makintach. La resolución del Jurado de Enjuiciamiento de Magistrados dictó el cese de funciones en mayo de 2025, abriendo un bache de representatividad institucional que las subrogancias temporales no logran subsanar de forma eficiente. La medida cautelar desplazó a la abogada del control de las actas de infracción, congelando la estructura de mandos medios de la oficina municipal ubicada sobre la avenida Centenario.
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La situación de revista de la funcionaria suspendida expone las derivas presupuestarias que imponen los procesos de investigación interna extensos sobre las arcas del sector público de la provincia de Buenos Aires. La jueza contravencional permanece percibiendo el 40 por ciento de sus haberes mensuales líquidos, un remanente salarial que la ley garantiza hasta tanto se dicte una sentencia absolutoria o la destitución definitiva en el jury. La inhabilitación para ejercer el derecho o firmar dictámenes comerciales redujo las opciones laborales de la implicada, quien arrastra una restricción financiera severa en su ámbito familiar.
El núcleo de la parálisis administrativa se localiza en los despachos del Tribunal de Enjuiciamiento con sede en La Plata, donde el expediente acumula meses de letargo burocrático sin que se fije la fecha para las audiencias orales. Las comisiones encargadas de evaluar las pruebas de cargo no emitieron los dictámenes necesarios para elevar la causa a debate, estirando los plazos preventivos más allá de los estándares recomendados por la Suprema Corte de Justicia. Esta dilación en la capital bonaerense mantiene al municipio costero sin la posibilidad de nombrar un reemplazo permanente mediante concurso público de antecedentes.
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Las denuncias originales que desencadenaron la intervención de las autoridades de control se fundamentaron en testimonios aportados por los propios empleados de la mesa de entradas del juzgado contravencional. Las planillas de inspección de la Suprema Corte recopilaron acusaciones por violencia laboral, maltrato psicológico sistemático y hostigamiento al personal administrativo de menor jerarquía. Los peritajes de la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) convalidaron los reclamos de los trabajadores de San Isidro, describiendo un ambiente de coacción diaria incompatible con el decoro de la función judicial.
La defensa técnica de la abogada suspendida intenta contrarrestar la masa de testimonios argumentando la existencia de una supuesta confabulación interna coordinada por delegados gremiales descontentos con las exigencias de presencialidad laboral. El entorno de la magistrada asocia las denuncias a una reacción corporativa ante las auditorías de rendimiento que la jueza pretendía aplicar sobre los legajos de los escribientes municipales. No obstante, las inspecciones oculares realizadas por los peritos de la Suprema Corte detectaron desajustes severos en la cadena de mandos que excedían los habituales roces de oficina.
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El quiebre de la estructura laboral de la dependencia afectó también la regularidad del cobro de las multas de tránsito de alta complejidad, cuyos montos representan ingresos significativos para el erario de San Isidro. Los expedientes vinculados a clausuras de comercios, alcoholemias positivas y multas por obras clandestinas permanecen en un circuito de derivación transitoria hacia el Juzgado N° 1, sobrecargando las tareas de los secretarios remanentes. Las cámaras empresariales de la zona norte manifestaron sus reparos ante la falta de celeridad para resolver los amparos por inhabilitaciones comerciales preventivas.
La permanencia del sumario sin resolución firme resiente la confianza de los contribuyentes en los mecanismos de resolución de faltas del corredor norte del conurbano bonaerense. Los abogados litigantes denuncian que la falta de un titular fijo en el Juzgado N° 2 obliga a postergar las audiencias de descargo de manera indefinida, vulnerando el derecho de defensa de los conductores sancionados. Las autoridades de la comuna bonaerense optaron por mantener un estricto silencio institucional, evitando confrontar con los plazos del jurado platense para no interferir en la decisión de los magistrados.
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El destino de las llaves del despacho de San Isidro continuará atado al dictamen que los legisladores y conjueces de La Plata emitan durante la segunda mitad del año parlamentario. El mantenimiento de la suspensión con retención parcial de haberes fija un límite operativo para la agilidad de los tribunales administrativos de la primera sección electoral, desgastando la legitimidad del sistema de faltas. La demora en la producción de las pruebas testimoniales finales mantiene abierto un escenario de vulnerabilidad institucional donde la justicia de cercanía queda subordinada a los tiempos de la política judicial provincial.
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