El 70% del sistema judicial federal trabaja en amparos y medidas cautelares sobre coberturas de salud

El Ministerio de Salud busca reformar una ley de 1967 para frenar la catarata de amparos y el gasto desmedido en fármacos de alto precio.

Ir a la farmacia con una receta de un médico clínico para un tratamiento complejo podría ser imposible en el corto plazo. El Gobierno Nacional busca que los profesionales de la salud solo puedan prescribir medicamentos vinculados estrictamente a su especialidad certificada. Esta medida apunta a segmentar la potestad de firma para evitar que la seguridad social cubra prestaciones que no pasaron por un control técnico específico de cada patología.

Mario Lugones, titular de la cartera sanitaria, pidió una fiscalización más rigurosa sobre el comportamiento de los facultativos frente a directivos de obras sociales y prepagas. “Tienen que controlar muy bien el gasto y a los médicos”, sentenció el funcionario durante un encuentro sectorial. La intención oficial consiste en actualizar la Ley de Ejercicio Legal de la Medicina, un cuerpo normativo que rige desde hace casi 60 años y que el Ejecutivo considera obsoleto para la tecnología actual.

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El sistema judicial federal hoy destina el 70 por ciento de sus tareas diarias a tramitar amparos y medidas cautelares relacionadas con la cobertura de salud. Los jueces civiles y comerciales admiten que el volumen de demandas se volvió inmanejable y que los juzgados funcionan prácticamente como administradores de prestaciones médicas. Ante la falta de conocimientos específicos, los magistrados suelen fallar a favor de los demandantes para evitar riesgos de vida inminentes que no pueden evaluar técnicamente.

El juez federal Alfredo Guzmán graficó la presión que sienten los tribunales ante la urgencia de los tratamientos que aterrizan en su despacho. “No quiero que se me muera un paciente en el escritorio”, confesó el magistrado para explicar por qué se suele autorizar la cobertura de fármacos de forma casi automática. Esta dinámica genera un cortocircuito financiero en el sistema sanitario, ya que los fallos no siempre se ajustan a criterios de eficiencia operativa o a una evidencia científica sólida.

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Los medicamentos de alto costo representan actualmente más del 40 por ciento del presupuesto total de la seguridad social argentina. Claudio Stivelman, superintendente de Servicios de Salud, advirtió que el crecimiento de este rubro fue desmedido y que la ley actual obliga a cubrir casi cualquier indicación médica sin mayores filtros previos. Esta situación financiera crítica es la que impulsa al Ministerio a buscar mecanismos de desburocratización y una mayor libertad para las instituciones privadas y obras sociales.

El propio ministro Lugones utilizó su trayectoria personal como cardiólogo para ilustrar la necesidad de imponer estos nuevos límites en los consultorios. Aunque hace años que no ejerce ni certifica su especialidad, la legislación todavía le permite emitir recetas para patologías cardíacas sumamente complejas. El funcionario calificó esta posibilidad como inapropiada y defendió la idea de que solo los especialistas activos y certificados tengan la potestad de autorizar tratamientos específicos.

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La mediación prejudicial, conocida técnicamente como sistema PROMESA, logró resolver con acuerdos el 50 por ciento de las controversias analizadas hasta el mes de marzo. Cuando el Estado Nacional actúa como financiador directo en los expedientes, la eficacia de estas mesas de diálogo sube al 60 por ciento de las causas resueltas. A pesar de estos números alentadores, la participación en este esquema todavía es voluntaria, lo que limita su capacidad para frenar definitivamente la litigiosidad súbita del sector.

Ramón Alonso Bogado Tula, juez federal bonaerense, pidió reconocer el rasgo de humanidad necesario detrás de cada expediente judicial de salud que llega a sentencia. “Todos queremos que la salud financiera sea sostenible y que las desesperación por la vida de un hijo tenga una respuesta”, afirmó durante el debate transversal. La ausencia de una oficina técnica operativa que evalúe el financiamiento de tecnologías sanitarias deja a los jueces sin una guía objetiva para rechazar pedidos de alto impacto económico.

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El éxito de estas reformas dependerá de la velocidad con la que el Ejecutivo logre reglamentar los cambios en un sistema que hoy funciona al límite de sus capacidades. Si la nueva normativa no logra articularse con los tiempos de la Justicia federal, el desfinanciamiento de las prestadoras seguirá siendo la principal amenaza para la estabilidad sanitaria nacional. El camino hacia la desburocratización todavía debe sortear el filtro de un Congreso que mira con lupa el acceso a la salud.