Tres ex gerentes de Vialidad enfrentarán juicio por rutas adjudicadas al Grupo Báez
Actualidad10/07/2026
REDACCIÓNEl debate comenzará el 16 de julio por licitaciones en Santa Cruz valuadas en $46.000 millones. La acusación apunta a controles omitidos.
Tres ex gerentes de la Dirección Nacional de Vialidad deberán responder desde el jueves 16 de julio por su intervención en licitaciones adjudicadas a empresas vinculadas con Lázaro Báez. Sandro Férgola, Gustavo Marcelo Gentili y Fernando Norberto Abrate llegarán al juicio acusados de defraudación agravada contra la administración pública. El expediente examinará decisiones internas que habrían permitido contratar, pagar y mantener obras pese a incumplimientos e irregularidades.
El Tribunal Oral Federal 2 conducirá el debate conocido en los tribunales como Vialidad III. El fiscal Diego Luciani representará al Ministerio Público Fiscal durante las audiencias. La causa analiza contratos viales concedidos en Santa Cruz entre 2003 y 2015, por más de $46.000 millones actualizados a agosto de 2016.
OTRAS NOTICIAS:
La acusación no se concentra solamente en quiénes recibieron las obras, sino en los funcionarios encargados de revisar los expedientes y controlar su ejecución. Los fiscales sostienen que las empresas del Grupo Báez obtuvieron ventajas mediante licitaciones con competencia aparente, pagos anticipados y ampliaciones presupuestarias. Los tres imputados habrían ocupado puestos con capacidad para detectar, frenar o denunciar esas maniobras.
Gentili estuvo al frente de la Gerencia de Planeamiento, Investigación y Control entre 2004 y 2008. La investigación le atribuye la homologación de al menos 22 licitaciones que presentaban graves objeciones administrativas. También habría omitido los controles propios de su cargo, lo que permitió prolongar el perjuicio económico contra el Estado.
OTRAS NOTICIAS:
Férgola ejerció como gerente de Obras y Servicios Viales entre 2004 y 2007. Según el requerimiento fiscal, convalidó por lo menos 26 concursos que tenían defectos suficientes para impedir su aprobación. La acusación añade que no controló adecuadamente el desarrollo de las obras adjudicadas, pese a los mayores costos afrontados por el Estado.
Abrate reemplazó a Gentili en Planeamiento, Investigación y Control, función que mantuvo hasta 2015. Los investigadores reconstruyeron su participación en al menos 13 expedientes de contratación. El ex funcionario habría evitado revisar los convenios y permitió que el Estado cubriera costos adicionales originados por incumplimientos de las constructoras.
OTRAS NOTICIAS:
El fiscal Gerardo Pollicita sostuvo durante la instrucción que Santa Cruz fue “la provincia más beneficiada en la transferencia de fondos públicos para la realización de obras viales”. Según esa acusación, recibió el 11% del presupuesto total destinado a ese rubro, un volumen equivalente al distribuido entre ocho provincias. Esa concentración constituye uno de los elementos centrales para analizar el funcionamiento del presunto esquema.
La hipótesis fiscal indica que Austral Construcciones amplió rápidamente su presencia desde la llegada de Néstor Kirchner a la Presidencia. La compañía absorbió otras firmas, acumuló contratos y consolidó una posición dominante en la obra vial santacruceña. Para la acusación, ese crecimiento no respondió solamente a condiciones comerciales, sino a decisiones coordinadas desde organismos estatales.
OTRAS NOTICIAS:
Los investigadores detectaron reasignaciones de partidas, ampliaciones de presupuesto y utilización discrecional de fideicomisos. Esas herramientas habrían facilitado adelantos financieros, reconocimiento de sobreprecios y un trato diferente frente a otros contratistas. La presunta maniobra también incluyó adjudicaciones pese a incumplimientos previos y controles que nunca se aplicaron de forma efectiva.
Vialidad III deriva del mismo conjunto de hechos que ya llevó a condenas contra Cristina Kirchner, José López, Nelson Periotti y Lázaro Báez. La expresidenta recibió una pena de seis años de prisión, que cumple bajo arresto domiciliario, mientras Julio De Vido resultó absuelto. El nuevo debate no revisará esas responsabilidades, sino la actuación específica de los tres ex gerentes.
OTRAS NOTICIAS:
Originalmente, diez personas habían sido enviadas a juicio dentro de este segundo tramo. Siete evitaron el debate oral mediante suspensiones de juicio a prueba, acuerdos que en algunos casos obtuvieron aval fiscal y en otros fueron habilitados por la Cámara de Casación. Entre ellos aparecen ex funcionarios, empresarios y dos integrantes del entorno societario del Grupo Báez.
El proceso deberá determinar si las omisiones atribuidas a los acusados fueron deliberadas o si respondieron a deficiencias administrativas sin relevancia penal. Las defensas podrán cuestionar la interpretación de los expedientes, la responsabilidad funcional de cada gerente y el cálculo del perjuicio económico. La acusación, en cambio, intentará demostrar que los controles omitidos resultaron indispensables para sostener las adjudicaciones durante más de una década.
Fuente: Infobae
Te puede interesar
